Hace tan solo un mes nadie habría imaginado que Ricardo Rosselló, quien se estaba preparando para su reelección en el 2020, dejaría de ser el Gobernador de Puerto Rico.
Desde el sábado pasado lo es Pedro Pierluisa, ex comisionado residente en Washington, D.C., extraído del ostracismo para ocupar el cargo.
Pero la controversia jurídica que se ha suscitado en torno a su designación, pone de relieve la magnitud de la crisis política que, en estos momentos, sacude a la isla borinqueña.
En principio, no le correspondía a Pedro Pierluisa ser el sucesor de Rosselló. Eso, conforme a la Constitución de Puerto Rico, le corresponde al Secretario de Estado.
Ocurrió, sin embargo, que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, presentó su renuncia al cargo, con anterioridad, inclusive, al propio gobernador Rosselló.
A falta de secretario de Estado, eso dejaba, entonces, en la línea sucesoral a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero esta, en razón de cuestionamientos que se hacen a su desempeño en la función, en un caso típico de tragicomedia, expresó su desinterés por el apetecido cargo.
El tercero en línea para poder acceder a la más alta función de la administración pública puertorriqueña es el secretario de Hacienda, Francisco Parés.
Sin embargo, con este ocurrió lo inesperado: no tiene edad para desempeñar el cargo. La Constitución establece como requisito tener al menos 35 años de edad. El secretario Parés solo tiene 31. Fue eso, en consecuencia, lo que catapultó al escenario a Pedro Pierluisa, quien, para juramentarse como Gobernador, ha debido ser previamente investido como secretario de Estado.
Así se hizo. El gobernador Rosselló lo designó en tal posición. La Cámara de Representantes lo confirmó. No así el Senado, que había declarado que para hoy, lunes, evaluaría su nombramiento y lo llevaría a votación.
Eso, por supuesto, abre la controversia jurídica de si un secretario de Estado, sin confirmar por ambas cámaras, tiene la capacidad legal de ser designado Gobernador, a los fines de reemplazar a Ricardo Rosselló.
En fin, que, Puerto Rico inicia la semana con un Gobernador en su laberinto.
EL CHAT QUE ESTREMECIÓ A BORINQUEN
El terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. Un exsecretario, según se rumora, ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram.
En esas conversaciones participaban el gobernador Rosselló, varios miembros de su gabinete, asesores y relacionados. Se emitieron expresiones peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años habían impactado al país.
Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: “Ricky renuncia ya”.
Destacadas figuras del arte como René Pérez (Residente), Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee, y Wisin, emplearon a fondo su poder de convocatoria para movilizar a amplios sectores de la sociedad. Lo hacían a ritmo de reggaetón, entonando una pieza contagiosa, adecuada para el momento: Afilando Cuchillo. A pesar del tumulto que se repetía cada noche, de las oleadas de multitudes que se lanzaban a las calles, el gobernador Rosselló, en principio, se resistió al reclamo de los protestantes.
Manifestó que no renunciaría. Pero, ante la continuación de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección en los comicios del año venidero, 2020.
No obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más. Tuvo que presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); y un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes.
Al final, el gobernador Rosselló no pudo continuar resistiendo el asedio a que era implacablemente sometido. Comprendió que el poder tiene sus límites; que en tiempos actuales, resulta muy frágil; que aún las bromas pueden provocar indignación y hacer demoler las estructuras de poder; y que, en definitiva, quien siempre manda, es el pueblo.
Así pues, renunció.
RAZONES DE FONDO
Naturalmente, no fue tan solo el episodio de la filtración de los mensajes contenidos en el chat lo que provocó la ira de la sociedad puertorriqueña. Dos semanas antes de ese episodio, varios exfuncionarios fueron arrestados por el FBI, para fines de investigación, por supuestos actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones.
A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María hace dos años.
Esos desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades estructurales de la sociedad puertorriqueña. A pesar de que las autoridades, en principio, solo declararon la muerte de 64 personas, un estudio posterior de la Universidad de Harvard comprobó que este había sido superior al de las 4 mil víctimas.
Eso, obviamente, generó cólera e irritación en la sociedad puertorriqueña. Sacó a relucir la incompetencia, insensibilidad y hasta falta de solidaridad del gobierno, que conforme a la percepción de la ciudadanía, no guardaba respeto ni siquiera por sus muertos.
Durante cerca de un año, numerosos hogares carecían de servicio eléctrico, acceso al agua potable y otros servicios básicos. Varias carreteras permanecían sin ser reparadas; puentes sin ser restituidos; planteles escolares sin ser rehabilitados; y hospitales sin servicios adecuados.
Pero, en realidad, desde hace cerca de 15 años, Puerto Rico atraviesa por una situación permanente de crisis económica. Ante una deuda pública que superó los 70 mil millones de dólares, Puerto Rico cayó en default, o en estado de cesación de pagos.
Frente a eso, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 2015 la llamada Ley Promesa, en virtud de la cual se designó una Junta de Supervisión Fiscal, la cual prácticamente tiene el control absoluto de todo el sistema administrativo-financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Determina su presupuesto; ordena aplicar políticas de austeridad; decide la reducción de las pensiones de los más de 500 mil jubilados del servicio público; elimina el bono de Navidad; y ordena el despido de más de 50 mil empleados del gobierno.
Desde entonces, la economía puertorriqueña se encuentra estancada. El desempleo aumenta y su población disminuye cada año. Millares de personas han abandonado la isla en la última década. El éxodo continúa imparable. Frente a los 3 millones, 200 mil ciudadanos que viven en Puerto Rico, hay 5 millones, 500 mil que residen en los Estados Unidos.
La crisis, por consiguiente, viene de lejos. Pero faltaba la chispa que encendiera la pradera. Esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder.
Leonel Fernández
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