El presidente Luis Abinader anuló mediante el decreto 2-24 los permisos otorgados en el gobierno pasado al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo así fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia este diciembre.
Abinader dejó sin efecto el decreto 270-20 de julio de 2020, emitido a tan solo 23 días del traspaso de mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso al emitir ese decreto.
Entre los considerandos del decreto 2-24 dado a conocer al caer la tarde de ayer se cita precisamente la decisión de la Suprema consistente en un rechazo a unanimidad del recurso del AIB que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.
Se hace hincapié en que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
También, que en octubre de 2021 a través de la sentencia 0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, que en octubre de 2020 el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.
A esto también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.
Abogado Miguel Valerio saluda decreto
Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, felicitó la decisión del presidente Abinader de emitir este decreto que anula los permisos otorgados y pone fin a un proyecto que carecía de fundamentos legales y de viabilidad.
“La emisión de este decreto es un paso importante hacia la consolidación de un sistema legal más robusto y la protección de los intereses nacionales. La justicia ha prevalecido, y saludamos que el presidente Luis Abinader haya tomado esta medida para rectificar una autorización irregular en aras de proteger el interés general de la República Dominicana”, expresó.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica para evitar situaciones similares en el futuro. “Con esta acción, el presidente Abinader da una importante muestra de respeto a la separación de poderes”, indicó.
Precisó que previo a este nuevo decreto que deroga el anterior, la justicia dominicana ya había puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro mediante la evacuación de ocho sentencias en su contra, ya que el mismo “es un proyecto sin sentido e innecesario”.
Diversos sectores sociales se opusieron
Se recuerda que la Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD) advirtió que la operatividad del aeropuerto internacional que se había autorizado construir en Bávaro podría representar conflictos de tránsito aéreo y un peligro de operaciones en el país.
Denunciaron que el proyecto fue evaluado para su aprobación tomando en consideración simplemente informes presentados por los interesados, sin que se realizara un estudio técnico detallado como lo exigen los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la reglamentación nacional.
Un aspecto técnico a considerar fuer el gran riesgo de seguridad que representaría la puesta en operación ese aeropuerto, ya que estaría ubicado a tan sólo 2 minutos de vuelo de otro aeropuerto, y podría costar miles de vidas inocentes si sucediera una catástrofe.
De igual manera, el sector ambiental advirtió que el AIB haría desaparecer el agua potable de Higüey. La Asamblea Nacional Ambiental (ANA), declaró que la construcción de ese aeropuerto produciría una debacle hidrográfica en la provincia La Altagracia debido a que sus aguas subterráneas quedarán afectadas y contaminadas, provocando que se quede completamente sin agua dulce, principalmente el municipio Higüey.
En tanto, economistas revelaron que el Ministerio de Hacienda realizó un informe a finales del pasado gobierno en el cual advertía que el AIB no sería rentable y que los incentivos fiscales que les serían otorgados por 15 años representarían un enorme “sacrificio del Estado” de casi RD$4,500 millones, los cuales ahora obligan a que los mismos sean ofrecidos en iguales condiciones y por el mismo tiempo a todos los aeropuertos privados del país.
Ese informe indicaba que los beneficios indirectos de esa obra a la sociedad solo cubrirían el 5.0% de los privilegios que le fueron otorgaron por 15 años.
En ese sentido, dirigentes comunitarios de la provincia La Altagracia calificaron como una burla y una falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años, ya que sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.
Otro sector que se opuso al mismo fue el de las centrales sindicales de trabajadores del país, las cuales alertaron que el Aeropuerto Internacional de Bávaro no generaría nuevos empleos, sino que traería una situación de crisis y dividiría los puestos de trabajo ya existentes, porque la cantidad de vuelos que recibe actualmente el Aeropuerto de Punta Cana sería repartida entre las dos terminales, lo que no significa nuevos empleos, sino una redistribución de los que ya existen.
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