En este año que se inicia serán celebradas las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Independientemente de quien resulte el presidente y el partido ganador, obligatoriamente tendrá que someter una reforma fiscal integral, la cual está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y que por el costo político que esta representa, la misma ha sido postergada por los últimos gobiernos.
Dicha reforma no debe aprobarse solamente para detectar nuevas fuentes que aumenten las recaudaciones fiscales, como ocurrió en otrora. Esta vez deben ser corregidas todas las distorsiones, eliminados todos los privilegios e injusticias existentes, pues este país cuenta con uno de los sistemas fiscales menos equitativo, más desproporcionado e injusto de todo el área. Se debe tratar que los sectores de mayores ingresos sean los que más contribuyan al fisco, no los menos pudientes y vulnerables, como viene sucediendo, que son los que más contribuyen con el pago de los impuestos indirectos.
Además de una gran inflación, de una gran deuda social acumulada, el país tiene una deuda pública consolidada ascendente a unos 75 mil millones de dólares, la cual absorbe casi la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB), con una presión fiscal de apenas un 14%. Se deben eliminar la mayoría de las exoneraciones, exenciones y privilegios que hace años benefician a varios sectores de nuestra economía, que ya no tienen razón de existir, como los de zonas francas, turismo, generadores eléctricos, minería, entre otros, pues hoy disfrutan de cierta estabilidad económica, financiera y de grandes beneficios. Por estas razones el Estado deja de percibir casi 300,000 mil millones de pesos anuales, equivalente al 4.5% del PIB. El Gobierno no puede continuar perjudicando a un sector de la población para privilegiar a otros sectores poderosos,
La esperanza de vida de los dominicanos promedio es de 72 años, por lo que a las personas con 65 o más años de edad, que posean un certificado de ahorros en una institución financiera, deben ser exoneradas del pago del 10% de impuestos, siempre que no dispongan de un seguro médico, que no reciban una pensión del Estado dominicano ni de otro país, pues con los intereses que generen, tratarán de cubrir los gastos necesarios para los últimos años de su existencia, principalmente los relativos a la salud, ya que el país no dispone de un sistema eficiente de seguridad social que las proteja.
Debido al alto costo de la canasta familiar, de los servicios básicos, sobre todo, los de salud, se debe establecer un límite para la exoneración de dichos impuestos hasta los RD$150,000.00 (ciento cincuenta mil) pesos mensuales de ingresos por intereses, pues es con lo único que cuentan para su sustento y atenciones médicas, lo que les permitirá una vejez más digna. Dicha exoneración es justa y necesaria
Otras de las tantas medidas a ser consideradas son: la eliminación del anticipo del impuesto a las utilidades del año próximo, pues ya no tiene razón de ser; establecer las facturas electrónicas, disminuir y castigar las evasiones fiscales, ampliar la escala salarial del impuesto sobre la renta para los empleados de mayor ingreso. Este es un tema de interés para nuestros legisladores y para las autoridades del sistema financiero dominicano. Esperamos estas humildes sugerencias sean consideradas en la próxima reforma fiscal.
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional y
Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016
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