Ya no cabe duda que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica propia de la violencia de género, resultado ineludible de la asimetría en las relaciones de hombres y mujeres. Al cumplirse casi un cuarto de siglo de la firma del Protocolo de Beijing, aún persisten serias dudas en torno al avance en la democratización de las relaciones de género.
Las mujeres seguimos siendo identificadas en posiciones de inferioridad o subordinación frente al sexo masculino, y esto no es más que la base donde se sustenta el deseo de algunos hombres de negar a la mujer una vida libre de violencia.
Los resultados de las políticas de combate a la violencia de género dejan mucho que desear. Queda claro que no se ha hecho entender a toda la sociedad que el goce de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo pleno de la mujer y que, por igual, seguimos perpetuando conductas socialmente aceptadas que generan la violación de los derechos de las mujeres.
Lamentablemente, la gran variedad de acciones orientadas a prevenir la violencia y prestar atención y apoyo a las víctimas, si bien funcionan correctamente al ser evaluadas individualmente, no han generado el impacto deseado, debido a la falta de coordinación, la necesidad de inyectar mayores recursos y acordar una orientación común a todas las intervenciones.
El debate público en torno a la violencia de género debe ampliarse y profundizarse, si queremos asumir una política definida que genere una mayor sensibilización y concienciación social pero que, a la vez, funcione en términos operativos para evitar que haya más casos que lamentar. La desigualdad de género es una dimensión sustancial de la inequidad social, una expresión dramática y lamentable de las grandes brechas que aún existen entre sectores de una misma sociedad.
De inicio, ese debate debe estar moldeado por un hecho fundamental: siempre hemos asumido que los derechos humanos encuentran su espacio en la vida pública, lo que hace pensar que el Estado, como ente a cargo de garantizar la dignidad humana, no cumple un rol en el ámbito privado. Hoy en día, no se pueden ignorar las graves violaciones que ocurren en el seno familiar, donde las más afectadas son, sin duda alguna, las mujeres.
Según el criterio imperante propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Estado es cómplice de los hechos en contra de la mujer, al no ofrecerle protección efectiva, ni prevenir o castigar los actos de violencia de género de manera efectiva. Bajo este criterio, ya es momento de exigir al Ministerio Público que no existan acuerdos de ningún tipo cuando se trate de violencia de género.
De igual manera, el Estado tiene que fortalecer todos los programas que buscan poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a las mujeres. En el Gabinete Social hemos apostado al proyecto denominado “Centro de Atención Integral a la Mujer”, como respuesta a la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones del Estado, para de una vez y por todas poner fin a este flagelo.
La sociedad dominicana debe hacer un compromiso para comprender mejor las causas de la violencia de género y enfrentarlas con determinación, desde lo legal y lo sociocultural, para que exista un verdadero balance entre las responsabilidades y derechos que ostenta la mujer, frente a los que le corresponden al hombre. La igualdad de género ya no puede esperar más. Hay que actuar sin mayor dilación.
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