La miembro del Consejo y Coordinadora de la Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco García, expresó el respaldo de la organización a varios puntos clave de la reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader, destacando la importancia de las medidas para impedir la reelección presidencial y fortalecer al Ministerio Público.
“Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la reelección. Yo creo que la Constitución también lo dice claro, sin embargo, poder poner un artículo o un transitorio que establezca que todo aquel que vaya a reformar la Constitución no se pueda beneficiar de esa reforma, yo creo que es importante”, subrayó.
Blanco García recordó que el país ha tenido más de 31 reformas constitucionales, y en la mayoría de los casos, estas han sido impulsadas para favorecer al Presidente en funciones, particularmente en temas relacionados con la reelección presidencial.
Además, la representante de Participación Ciudadana mostró su apoyo a la propuesta de consolidar al Ministerio Público, destacando la importancia de garantizar su independencia y eficacia en la administración de justicia. “Estamos de acuerdo con fortalecer el Ministerio Público con los parámetros que se han presentado”, dijo.
Valoró positivamente la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura(CNM), así como el hecho de que, en lo adelante, el procurador será designado por dicho órgano en lugar de ser nombrado directamente por el Presidente. También destacó que, con la eliminación del número par en la composición del CNM, el Presidente ya no tendrá el voto calificado que actualmente posee.
Citó que la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader establece nuevos requisitos para la selección del procurador, como tener más de 5 años fuera del ejercicio político o que no se le conozca militancia política alguna. Indicó que esto se propone para evitar que los procuradores sean simplemente una cuota del partido de Gobierno de turno, como ha ocurrido en el pasado, lo cual dijo: “no debe ser así”.
Blanco García abogó por fortalecer la carrera del Ministerio Público y explicó que, en la actual propuesta de reforma constitucional, se busca que el procurador provenga del ejercicio jurídico o judicial. “En el caso de Participación Ciudadana, estamos de acuerdo con esta propuesta, pero entendemos que deberíamos ir poquito más allá para fortalecer ese Ministerio Público y que venga de la carrera, de las aulas del Ministerio Público, o que venga del sistema judicial”.
Disminución de los diputados
Con respecto a la disminución de la cantidad de diputados, la representante de PC planteó que la propuesta de reforma constitucional hecha por el Poder Ejecutivo presenta oportunidades de mejora. Consideró que es cuestionable que se quieran reducir los diputados en el Congreso Nacional, pero a la vez aumentar de 5 a 20 los diputados nacionales.
Blanco García también destacó la falta de correlación entre la población dominicana y el número de diputados, comparando la situación de la República Dominicana con la de Costa Rica. Dijo que mientras Costa Rica, con 5.5 millones de habitantes, cuenta con 57 diputados, la República Dominicana, con 11 millones de habitantes, tiene 191 legisladores.
“El congreso es un costo y sabemos que la democracia tiene un costo, pero ese costo debe ser racional a lo que espera la sociedad dominicana. No podemos seguir gastando tanto en un congreso que no retribuye en eso que nosotros gastamos”, expresó.
Precisó que, aunque los diputados nacionales deberían garantizar mayor pluralidad, nivel de democracia y participación de los partidos minoritarios, en la práctica esto no se cumple ya que actualmente de los 5 diputados nacionales que existen solo uno representa un partido mayoritario. Deploró que los mismos no sean electos por el voto popular, sino por “el dedo” a conveniencia de los partidos políticos. “No podemos cambiar el voto directo por una designación. Eso debe quedar claro”, señalizó.
La representante de Participación Ciudadana, además, abogó por la eliminación del Parlamento Centroamericano (Parlacen), señalando que esta reforma constitucional habría sido una excelente oportunidad para suprimir de una vez por todas esta entidad, que considera “solo representa un gasto para el Estado y de apoyo para la impunidad”.
En cuanto a la unificación de las elecciones, expresó su preferencia por mantener la separación de los comicios, como estaba establecido anteriormente, con dos años de diferencia entre las elecciones congresuales y municipales, y las presidenciales.
Agregó que, si se desea reducir el elevado costo de las elecciones, es necesario disminuir el financiamiento público y asegurar que los partidos cumplan con los tiempos de campaña, estableciendo sanciones robustas en la Ley de partidos políticos.
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