En República Dominicana el clero católico actúa como poder fáctico, rechazando o imponiendo políticas públicas, sin que esto se cuestione. Su ostensible influencia política y social llega al punto de que ninguna decisión importante del Estado se toma sin el consentimiento de los dignatarios eclesiales.
Las reformas sociales y políticas aplicadas a partir de los años noventa no han tocado los privilegios de que disfruta el clero católico. El anacrónico concordato, establecido a partir del 16 de junio de 1954, da poderes y supremacía a la iglesia católica, en un abierto desafío a la constitución política de la República, que establece equidad y libertad religiosa.
El concordato establece, en su artículo siete, la encomienda del Estado en subvencionar económicamente el personal pastoral y obliga al gobierno a construir todos los edificios de esa secta, lo cual constituye una concesión vesicante. Asimismo, en el artículo veinticuatro, inciso uno del Concordato, se retrata una desigualdad y un privilegio irritante, porque establece una exoneración impositiva en favor de la iglesia católica, indicando que “los edificios sagrados, los Seminarios y otros edificios destinados a la formación del clero, los edificios de propiedad de la Iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias de los Obispos y de los ministros del culto, cuando sean propiedad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución”.
La iglesia católica gestiona un abanico de centros educativos, con el patrocinio estatal. Este privilegio está amparado en el artículo veintiuno, inciso uno del tratado, cuyo texto indica: “El Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también mediante congruas subvenciones”.
Las diócesis católicas administran más de trescientas escuelas, colegios y liceos, generalmente construidos con fondos públicos. También dirigen cinco universidades, tres en el Cibao (La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Santiago), la católica Nordestana (San Francisco de Macorís) y la Católica Tecnológica del Cibao (UTECI) con sede en La Vega.
En la región sur, el clero es dueño de La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y en la región este, de la Universidad Católica del Este (UCADE), con sede en Higüey. Esas instituciones de educación superior tienen una red de extensiones en más de diez provincias, por lo que una parte del nuevo liderazgo profesional de la República Dominicana está influenciado por las ideas y todo el paradigma religioso, lo cual explica parte del carácter conservador del pueblo dominicano.
En la Era del Conocimiento, penosamente los dogmas impregnan e inundan la educación nacional, porque la orientación filosófica en la escuela dominicana es dirigida por el catolicismo dominante. Esto se explica porque el artículo veintidós, inciso primero del Concordato, establece que “La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas”. El inciso dos del mismo artículo manda a que: “En todas las escuelas públicas primarias y secundarias se dará enseñanza de la religión y moral católicas.
El Concordato da poderes a los sacerdotes católicos para incursionar en los centros educativos a vigilar la enseñanza dogmática, tras contemplar que “el párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso a las escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódicas”. Y el inciso cinco del artículo veintidós agrega que: “Los Ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí mismos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas, del modo como se da la enseñanza de la religión y moral”.
Los “liberales” del PRD que tomaron el poder a partir del 1978 fracasaron en construir un modelo de país que abdicara de la tutela dogmática religiosa. Los “liberales” del PLD, en el poder a partir del 1996, han sido más laxos frente a la clerecía, ensanchándole su poder y participación en la dirección de la sociedad, especialmente en el área educativa, en una traición a la memoria del insigne Eugenio María de Hostos, reivindicado hasta el éxtasis por el fundador del PLD Juan Bosch, pero mancillado por sus discípulos que han dirigido el Estado. Igual línea de otorgar privilegios a la Iglesia Católica ha asumido el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su líder Luis Abinader.
En resumen, la Republica Dominicana vive en el marco de una hegemonía y control religioso. El país parece estar anclado en la Edad Media por el poder del catolicismo cristiano, permeando todo el cuerpo institucional, político, normativo y administrativo del Estado.
El autor es Profesor UASD.
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