Recién empieza el despertar de la democracia electoral en el país. La marcha histórica de la justicia electoral dominicana, desde su devenir en 1923 (Ley núm. 35 del 8 de marzo de 1923), siempre estuvo dominada bajo el albur del inestable y cambiante quehacer político.
Hemos tenido 100 años de administración electoral y un sinnúmero de procesos electorales marcados por accidentados de cursos de la historia política y republicana; no obstante, la JCE se ha ido desarrollando democráticamente.
En el ámbito de la Carta Democrática Interamericana (art. 4), para lograr una verdadera democracia electoral es imprescindible que “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”, se integren a la cultura democrática.
A pesar de la política partidaria, la Junta Central Electoral ha ido alcanzando planos de confiabilidad pública, aún en momentos controversiales. Sólo a partir de 2018, con la ley dedicada a los Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (la idea originaria perteneció al maestro Julio Genaro Campillo Pérez, en 1985), recién empezó a cambiar la concepción de rol de la JCE, como poder del Estado, y como ente regulador de los comicios que garantizan la democracia.
Con la entrada de los nuevos Miembros del Pleno, a partir de la gestión de 2020-2024, teniendo al frente a un magistrado-académico, el doctor Jáquez Liranzo, el máximo organismo electoral finalmente está logrando un nuevo concepto de administración electoral.
Generar confianza en las elecciones municipales y presidenciales recién culminadas fue el pilar fundamental para el funcionamiento saludable de una sociedad democracia, como nunca la habíamos tenido; ya que todos fuimos testigos de las elecciones de 2024 con carácter de ser “justas, transparentes, pacíficas e íntegras”.
En un esfuerzo cotidiano y metódico, vimos a una institución asegurarse que todos los procesos electorales fueran abiertos y accesibles para la observación pública, en la forma en que se contaron los votos y se tomaron las decisiones. La información clara sobre cómo y dónde votar, así como sobre cómo se debe proteger y contar los votos, es crucial.
El sistema electoral dominicano muy pronto conectó con la ciudadanía, y los electores aceptaron ser guiados y educado sobre el proceso electoral, comprendieron sus derechos y contribuyeron a poder ayudar a reducir el escepticismo.
Al implementar medidas educativas para garantizar la seguridad del sistema electoral. Fue esta JCE la que diseminó cursos y diplomados especializados para todos los actores, quienes inicialmente ayudarían a aumentar la confianza en el proceso de votaciones, pero en realidad, sirvieron para ofrecer medidas para transparentar el sufragio; universal, manual, pero validado electrónicamente.
Como todas esas actitudes, creencias, valores empezaron a influir en la población, y luego en la percepción de los ciudadanos respecto al proceso electoral, recién empieza la gente a referirse a una nueva cultura electoral; en un concepto más amplio, nos conduce al de cultura democrática. Agradezco poder decir que comprendo y me identifico con esta positiva realidad. La era de la transparencia de la JCE.
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