La Junta Central Electoral (JCE) saludó el sometimiento a la justicia, hecho por la Fiscalía de Santiago, contra 13 implicados que integraban una red delictiva que tramitó miles de documentos falsos públicos, que incluían actas de nacimiento y cédulas de identidad, en el entorno de la Junta Electoral de ese municipio.
La investigación encabezada por la Consultoría Jurídica y la Dirección de Seguridad Civil de la JCE, así como oficiales expertos y personal encubierto de la Dirección de Seguridad Civil, que contribuyó al aporte de más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó el Ministerio Público, mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.
La investigación del Ministerio Público explica que los trabajos captados por los denominados “buscones” o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
Los acusados de integrar la red fraudulenta son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo).
Asimismo, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso.
El grupo está acusado de violar los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.
Con relación al acusado Montero Troncoso, exempleado de la JCE, se le imputa, además de los anteriores, la violación a los artículos, 265, 266, 145, artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículos 6 párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La JCE reitera su posición de enfrentar de manera fehaciente todas las violaciones al Registro Civil Dominicano, así como a la identidad de la ciudadanía.
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