La Dirección General de Contrataciones Públicassa emitió una circular que aborda el pago a los notarios encargados de legalizar firmas en los contratos resultantes de los procesos de compras públicas. Esta normativa establece que las instituciones contratantes tienen la facultad de especificar en los pliegos de condiciones si el costo por este servicio deberá ser asumido por los oferentes adjudicados.
Esta disposición permitirá a los oferentes incluir y prever dicho monto en la elaboración de sus propuestas, promoviendo una mayor transparencia y planificación en los procesos de contratación.
La circular también señala que este aspecto ha sido incorporado en los pliegos de condiciones y contratos estándar emitidos por el órgano rector, los cuales son de uso obligatorio para las instituciones durante la ejecución de sus procedimientos de contratación pública.
Asimismo, en los casos donde el pago a los notarios sea asumido por las instituciones contratantes, estas deberán incluirlo en sus procesos de planificación interna. Esto implica considerar su Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), con miras a una gestión financiera eficiente en los próximos años.
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