La defensa jurídica de Jhonny Portorreal, condenado por presunto fraude a la familia Rosario, denunció que la magistrada y el propio Ministerio Público violan los derechos de su cliente en el proceso que le sigue.
Dijo que muestran falta de interés en fijar una fecha para conocer un recurso de apelación para exponer los pormenores del caso tras la sentencia de la magistrada Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, en la que se condenó a Portorreal a cinco años de prisión en el centro de corrección y rehabilitación Hombre.
Destacan que en la condena contra Jhonny Portorreal, el Ministerio Público también lo acuso de violación a la ley 631-16 sobre armas de fuego, cuando no presentó un arma de fuego decomisada al acusado.
Lamentó que a su cliente lo declararon culpable de estafa, sin realmente probar en que consistió la misma. Aclara que lo que en realidad realizó la Central del Derecho liderada por Portorreal, fue cobros por acciones puramente administrativas pertenecientes a una oficina privada y que ofrece los servicios legales.
Destacó que en ese proceso incurrió en gastos, consumos de material gastable y de oficina en su domicilio profesional todo en representación legalmente de más de 42 mil familias.
La firma de representación del Portorreal reiteró que el Ministerio Público viola el debido proceso, debido a que en los allanamientos no se encontró armas de fuego y pertrechos en el domicilio del profesional del derecho, uno de los delitos de los que les acusan.
En tal sentido, denunció que la magistrada Clara Luz Almonte con su sentencia viola el derecho de presunción de inocencia, debido a que no admitió que en medio del proceso fueran depositadas certificaciones del Ministerio de Interior y Policía, que sostienen que Portorreal es portador de una licencia para porte y tenencia de armas de fuego.
Por lo que entienden que la magistrada tomó posiciones de arbitrariedad ante sus acusaciones y lo sentenció en un amañado proceso.
De igual forma, ponderó que Portorreal había cumplido más del tiempo privado de su libertad que la pena correccional que le cabía por la supuesta estafa.
Asimismo, aseguran que la privación de libertad de Portorreal de 71 años es violatoria a la Constitución, al derecho procesal, al Código Penal vigente en el país y a todas las normas y reglamentos jurídicos.
El grupo de abogados afirma que, con el tiempo procesal cumplido ya es tiempo de que el Ministerio Público fije una fecha para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en tiempo hábil por sus abogados.
Se recuerda que la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión al abogado Johnny Portorreal y a dos años de reclusión a Miguelina Santana, por la estafa a personas de apellido Rosario.
Portorreal prometió recuperar una herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero por un pariente lejano de apellido Rosario.
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