CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Margarita Raymundo bajó por la rampa trasera de un avión militar Boing de la Fuerza Aérea estadounidense la tarde del lunes en Guatemala. Había sido deportada desde Texas. Migración la detuvo sólo tres días después de cruzar la frontera junto a otros tres migrantes más.
La deportación relámpago le tomó por sorpresa a ella y a otros 62 guatemaltecos adultos más una niña que fueron devueltos a su país. El gobierno del presidente Donald Trump ha movilizado a los militares para aumentar rápidamente su capacidad de deportación, que generalmente depende de vuelos chárter.
En la primera semana del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que ya había deportado a unas 7.300 personas de varias nacionalidades. La forma en que se están haciendo los traslados ya supuso un primer roce el domingo con Colombia, uno de los países emisores de migrantes.
El agente que detuvo a Margarita Raymundo la encontró a tan sólo cinco minutos de que llegara a la carretera en donde la esperaba un vehículo para llevarla a su destino. La joven de 21 años contó que el funcionario le dijo que iba a ser deportada rápido, pero le advirtió que si la volvían a detener intentando entrar a Estados Unidos pasaría cinco años en prisión.
Los aviones militares que el gobierno estadounidenses está usando ahora para las deportaciones ya se han encontrado con cierto rechazo a la hora de aterrizar en América Latina, una región con un historial de intervenciones militares estadounidenses. Sobre todo, cuando los migrantes vuelan encadenados y esposados, según han contado varios de ellos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se rehusó el fin de semana pasado a permitir la llegada a su territorio de dos aviones militares que llevaban deportados, lo que desencadenó un episodio de tensión entre ambos países con una amenaza mutua de imponer aranceles al comercio. Apaciguado el impasse, Colombia envió dos aviones militares de su flota para recoger a los migrantes y llevarlos devuelta a su tierra en condiciones, según Petro, de dignidad.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió el lunes en que los cuatro aviones que aterrizaron en Ciudad de México con deportados eran todos civiles.
“No podemos negarnos y es nuestra obligación (recibir a los migrantes)”, explicó Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre la llegada del vuelo del lunes con Raymundo y los demás connacionales.
Jorge Santos, de la Convergencia de Derechos Humanos que aglutina a varias organizaciones en Guatemala, dice éste es un tema que debería ser manejado desde lo civil, sin aviones militares y sin engrilletar a migrantes, algo que ya ocurre en los vuelos chárter civiles operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
“El tema de los grilletes no debiese ser una condición en esta situación, ni encadenarlos de pies y manos y mucho menos que una autoridad militar asuma competencias en el marco de una acción que debería ser enteramente civil”, señaló Santos.
Trump ha dicho que está deportando a criminales a sus países de origen y ha justificado esas medidas en razones de seguridad. En enero, Estados Unidos deportó a 2.795 guatemaltecos, pero solo 22 de ellos —menos del 0,9%— estaban sujeto a un proceso judicial en el país.
Según Migración de Guatemala, el perfil del migrante que es deportado es de amas de casa, trabajadores de la construcción, cocineros, pilotos, jardineros.
Lesly Ramírez, de 35 años, contó que los grilletes que le pusieron estaban muy apretados y le habían lastimado y dejado señales en las manos. Dentro del avión les dieron alimentos, pero no les quitaron las esposas, lo que les dificultó comer. Además de los grilletes, estaban encadenados en la cintura y los pies. Les quitaron las cadenas poco antes de que el avión aterrizara en su país, dijo.
Ramírez es madre soltera de dos niños y relató que había saltado el muro en la frontera entre México y Estados Unidos el viernes pasado. Después caminó un par de horas en territorio estadounidense, junto a otros dos guatemaltecos, hasta que fue detenida.
Con pocas palabras, recuerda, los agentes de migración la subieron a una patrulla, luego la llevaron a un centro de detención donde estuvo tres días y fue devuelta de regreso a Guatemala.
Ramírez no piensa en volver a intentar migrar porque dice que arriesgó su vida.
“No está bien el trato; todos somos seres humanos e íbamos a trabajar, no somos ningunos delincuentes”, recalcó Ramírez.
Raymundo piensa lo mismo. La joven está devastada tras fracasar en su intento por entrar a Estados Unidos, sobre todo, por lo que significa para ella y para sus padres, indígenas maya chalchitecos, haber tenido que obtener prestados casi 25.000 dólares con los que pagaron a un coyote para realizar el trayecto. Ahora no tiene ninguna esperanza sobre cómo pagará la deuda.
En Estados Unidos, ya tenía acordado que trabajaría en un restaurante. “Solo tengo otra oportunidad para ir, sí voy a intentar (migrar de nuevo)”, dijo entre lágrimas, en referencia una práctica común de los traficantes de personas de ofrecer varias oportunidades de intentar migrar si la primera fracasa.
La joven quería instalarse en Estados Unidos porque su familia es muy pobre y así podría ayudar a sus padres.
“Por eso salí de Guatemala, para darles una mejor vida. No fue así”, se lamentó Raymundo.
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