El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, y el jurista Cándido Simó advirtieron que el recién aprobado Código Penal contiene disposiciones que vulneran derechos fundamentales y que, de mantenerse, podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
Ambos coincidieron en que el artículo 310 —que sanciona el “ultraje público” contra funcionarios con penas de 15 días a un año de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos— representa una desproporción jurídica que otorga un blindaje desigual a los servidores públicos.
Cándido Simó consideró absurdo que una simple mueca hacia un funcionario podría interpretarse como ultraje, y que, en casos como el del gobernador del Banco Central, cuya remuneración mensual ronda el millón trescientos mil pesos, la multa sería “astronómica”. “Es un absurdo jurídico, y las leyes absurdas son inconstitucionales por irrazonabilidad”, puntualizó.
Simó también cuestionó intentos de modificar el Himno Nacional por parte de un grupo de la comunidad LGBTIQ+, afirmando que “no deben discriminarse, pero tampoco aceptarse excesos, y eso es un exceso deliberado”.
De su lado, Potentini insistió en que el artículo debe ser revisado por el Congreso o anulado por el Tribunal Constitucional, ya que “gestos que pueden ser inofensivos, como una seña con el dedo o una expresión facial, no pueden ser penalizados de forma tan desproporcionada y dependiendo del salario del funcionario afectado”.
Añadió que el gremio que preside iniciará una consulta en todo el país para orientar a los profesionales del derecho sobre el alcance del nuevo Código Penal, con el fin de que los abogados puedan identificar y prevenir posibles violaciones a los derechos fundamentales.
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