Aparentemente con la corrupción o malos manejos de los fondos públicos por funcionarios y ciudadanos vinculados al Estado nadie puede.
Tenemos suficientes datos para alegar que, aunque la justicia en cualquier momento adopte castigos contra los manejadores dolosos de fondos públicos muchos de los que les siguen no echan cabezas.
Cuando Ulises Heureaux quien manejo recursos a su manera y otros presidentes anteriores no hubo ningún castigo judicial pues no podemos hablar de que existía un sistema judicial organizado como para enviar tras la cárcel a cualquier acusado de supuesta corrupción.
Pasaron los años, pasaron gobiernos y con la llegada de Trujillo éste utilizó recursos públicos para comprar adeptos que luego llevó a sus gobiernos, los hizo ricos para acusarlos después de corruptos con el objetivo de eliminarlos hasta físicamente.
Gente que ha llegado a esos gobiernos democráticos totalmente en olla para luego salir mostrando bienes y fortunas a gran escala sin que trabajando honradamente puedan justificar tales riquezas.
Durante la transición de Trujillo a Balaguer, los bienes de la dictadura fueron repartidos entre los políticos y empresarios de esos tiempos que bajo cualquier argumento tomaron todo lo que era del Estado para sus usos particulares.
Bajo el gobierno de Leonel Fernández con la idea de capitalizar las empresas que dejó Trujillo bajo el nombre de CORDE también fueron entregadas al sector privado y a diferentes políticos o familiares esos bienes públicos que muchos han quebrado y otros han sido privatizados.
En fin, ahora lo que ha tocado es que bajo cualquier concepto las instituciones públicas han sido víctimas de desfalcos, malos negocios, dispendios y otros manejos turbios que han sido para enriquecer a políticos y empresarios, así como amigos y familiares dependientes del poder partidario.
Sólo recordar los casos sonados de Frank Desueza Fleury y Pedro Porrello Reynoso, gestión de Antonio Guzmán.
Casos de Leonel Almonte y otras decenas más en el gobierno de Salvador Jorge Blanco.
12 años de Balaguer que la corrupción se paraba en las puertas de su despacho.
Todo esto parecería historia patria sino se estaría repitiendo ahora, con Danilo Medina y Luis Abinader, los más recientes.
Los casos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana son emblemáticos porque más o menos la justicia está accionando de las manos del presente gobierno. Dirigentes peledeístas, familiares Danilo Medina, funcionarios cercanos, y hasta militares están en las acusaciones del ministerio público sobre alta y abusiva corrupción sin que el PLD haga un mea culpa.
La autocrítica siempre debe ser positiva y si es política vale más.
Si la población ve que en el PLD en vez de autocriticarse justifican lo que la justicia ha condenado en las elecciones no tienen nada que buscar.
Entiendo que es difícil la posición en que se encuentra el ex presidente Danilo Medina probablemente no quiera sancionar a sus familiares, cercanos familiares y amigos, pero la verdad es la verdad.
En cuando a los del PRM, deben mirar para atrás y no cometer los mismos errores que ellos condenan ahora, de lo contrario les pasará lo mismo, ahora sólo es cuestión de esperar.
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