Se ha detectado una tensión creciente en la distribución de las ayudas alimentarias estatales, donde la exigencia de documentación fotográfica por parte de algunos operativos ha provocado que ciudadanos vulnerables rechacen la asistencia por temor a la violación de su privacidad.
La defensora de derechos humanos Rebeca Henríquez subraya que, si bien el Estado tiene el deber constitucional de asistir y la obligación de ser transparente en el uso de los recursos públicos, este deber no puede anular los derechos fundamentales de los beneficiarios.
* Derecho a la Imagen: La Constitución dominicana protege la intimidad y la propia imagen. Tomar fotografías a una persona en un momento de necesidad sin su consentimiento informado y explícito constituye una potencial violación a su dignidad.
* El Riesgo del Rechazo: Cuando la documentación fotográfica se convierte en una condición para recibir la ayuda, se está obligando al ciudadano a elegir entre su necesidad básica y su derecho a la privacidad.
* Protocolos Claros: Es imperativo que las entidades gubernamentales establezcan protocolos claros que prioricen la entrega efectiva de la ayuda, utilizando métodos de verificación que no comprometan la dignidad ni la imagen del ciudadano.
La asistencia social es un derecho, no una condición para la exposición pública. Las instituciones deben buscar métodos de auditoría que garanticen la transparencia sin coaccionar ni humillar a quienes reciben el apoyo estatal.
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