vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, cuestionó el “silencio absoluto” tanto del presidente Luis Abinader como del Congreso Nacional frente a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relativa a las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Castillo consideró “llamativo y muy extraño” que ninguna de las autoridades políticas se haya pronunciado sobre un fallo que, a su juicio, tiene implicaciones directas en la normativa interna de los organismos castrenses y en la interpretación de disposiciones disciplinarias vigentes.
Precariedad evidente en el fallo
Castillo aseguró que el fallo del Constitucional presenta “debilidades jurídicas importantes”, citando que una de las magistradas de la referida alta corte cuestionó la “precariedad argumentativa” de la sentencia en su voto disidente, lo que para el dirigente político constituye un indicio de la falta de solidez del dictamen.
“Además del silencio del liderazgo político, también llama la atención la precariedad del fallo. Una magistrada lo destacó claramente. Eso debe prender las alarmas sobre la calidad de las decisiones que se están tomando en un tema tan sensible para las instituciones militares y policiales”, expresó Castillo.
Advierte impacto institucional
El miembro de la FNP señaló que decisiones de esta naturaleza deben ser abordadas con responsabilidad por los poderes del Estado, debido a que pueden incidir en la disciplina interna, la organización y la normativa castrense.
Castillo subrayó que, aunque la sentencia aborda aspectos vinculados a derechos fundamentales, también impacta un ordenamiento institucional cuya regulación corresponde al Congreso y al Poder Ejecutivo.
Advirtió que decisiones de este tipo, cuando no reciben una respuesta oportuna de los poderes públicos, pueden generar incertidumbre en la interpretación de las normas que rigen los cuerpos castrenses.
Respalda propuesta de regular compra de terrenos en la frontera
También, expresó su apoyo a que el Estado dominicano establezca controles más estrictos para la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en la zona fronteriza, al considerar que se trata de un asunto directamente vinculado a la seguridad nacional y a la soberanía territorial.
El político afirmó que la República Dominicana debe adoptar políticas claras que protejan las áreas estratégicas del país, especialmente en un contexto regional complejo y con presiones migratorias crecientes.
A su juicio, permitir compras indiscriminadas de terrenos en zonas limítrofes puede derivar en situaciones que comprometan la integridad del territorio y la estabilidad social de las comunidades fronterizas.
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