Los recientes cambios en el tren gubernamental anunciados por el presidente Luis Abinader han vuelto a poner sobre la mesa una tensión histórica de la política dominicana: la difícil convivencia entre la lógica del Estado y las expectativas del partido que sostiene el poder. Aunque el mandatario ha insistido desde el primer día en que el gobierno “no es un botín político”, la reacción de dirigentes de alto calibre dentro del PRM demuestra que esa línea, aunque institucionalmente correcta, sigue siendo políticamente costosa.
Las críticas del expresidente Hipólito Mejía y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no son simples pataleos de ocasión. Revelan un malestar real en sectores del partido que sienten que, tras años de militancia y sacrificio electoral, están siendo desplazados por figuras ajenas a la estructura partidaria, algunas de ellas recicladas de otros gobiernos. Cuando Pacheco habla de “arribistas” y Mejía de “grupos de amiguitos”, el mensaje va más allá de lo personal: apunta a una percepción de inequidad que, si no se maneja con cuidado, puede erosionar la cohesión interna del PRM.
Abinader enfrenta aquí un dilema clásico: gobernar con criterios técnicos e independientes o satisfacer las demandas de su base política. Hasta ahora ha optado, de manera consistente, por lo primero, incluso a costa de incomodidades internas. Esa postura le ha ganado reconocimiento en amplios sectores de la sociedad, pero también le ha generado fricciones dentro de su propio partido. A dos años y siete meses del final de su mandato, y ya sin aspiraciones de reelección, el presidente parece más enfocado en su legado institucional que en la administración de cuotas políticas.
Sin embargo, minimizar estas quejas como simples “desahogos”, como hizo el ministro Yayo Sanz Lovatón, puede ser un error. La historia política enseña que los partidos no suelen fracturarse por grandes debates ideológicos, sino por acumulación de pequeños agravios no atendidos. La comisión creada para canalizar estas demandas y la promesa de discutir el tema en la Dirección Ejecutiva del PRM son pasos necesarios, pero no suficientes si no se traducen en reglas claras y en un trato digno a las bases.
El reto de Abinader no es escoger entre partido o gobierno, sino lograr un equilibrio creíble entre ambos. Gobernar para todos los dominicanos no debe ser incompatible con reconocer el rol de quienes hicieron posible la llegada al poder. Si ese balance no se logra, el PRM corre el riesgo de llegar unido solo en el discurso, pero resentido en la práctica, un escenario que puede pasar factura más temprano que tarde.
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