Por: Alejandro Santos
El gobierno del PRM, atrapado en sus propias promesas de grandes transformaciones, se enfrenta hoy a la brecha entre las ilusiones que él mismo cultivó y la realidad irreverente que impone los límites de lo verdaderamente posible.
Despertar grandes expectativas tiene sus trampas: cuando estas se contrastan con los resultados, suelen llegar las decepciones.
Los partidos políticos son dados a la grandilocuencia al momento de acuñar consignas electorales, como estrategia mercadológica para captar la simpatía de los votantes. Se recurre a todo tipo de recursos de persuasión para conectar emocionalmente con la ciudadanía.
Si se hiciera un ejercicio de luces y sombras del gobierno del PRM, el balance podría esbozarse del siguiente modo.
Las sombras del gobierno de Abinader se distribuyen entre un sistema eléctrico que se deteriora y retrocede; un endeudamiento externo creciente; una estructura productiva que enfrenta nuevos desafíos; una economía que pierde dinamismo y comienza a mostrar señales de estancamiento; una tasa de cambio más volátil; nuevos casos de corrupción, algunos de los cuales permanecen ocultos; escándalos vinculados a extradiciones; y una percepción generalizada de ineficiencia en diversos organismos del Estado.
Las luces tienen su mayor énfasis en los cambios concentrados en la instauración de un Ministerio Público de mayor independencia funcional, que al inicio de la gestión generó grandes expectativas. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha tenido que realizar un esfuerzo considerable para no quedar reducido a la percepción de ser un instrumento utilizado preferentemente con fines políticos.
La independencia del procurador general de la República sigue condicionada por el hecho de que es designado por el presidente de la República. Resulta difícil alcanzar una autonomía plena en tales condiciones.
La reforma integral de la Policía Nacional constituye otro de los grandes esfuerzos de cambio. Desde la renovación del uniforme hasta la formación y el reclutamiento, son aspectos que alimentan la esperanza de una mejora en el desempeño institucional.
Los demás ámbitos, a nuestro juicio, se mantienen dentro de una lógica de continuidad respecto a las administraciones anteriores.
En materia económica, los objetivos se han centrado en la promesa de generar empleos, mantener la estabilidad macroeconómica y atraer inversión extranjera, líneas de acción similares a las de administraciones pasadas.
En salud, la ampliación de la cobertura del seguro, el incremento de la población vulnerable incorporada al SENASA y el mejoramiento de hospitales se inscriben dentro de una agenda que podría calificarse de rutinaria.
En educación, la ampliación de becas y la construcción de nuevas aulas responden igualmente a un propósito de continuidad.
Lo mismo ocurre con las infraestructuras, el transporte y los programas sociales, que se mantienen en un plano de ampliación o de modificaciones menores.
Proponerse cambios verdaderamente estructurales en nuestro país, desde las propias estructuras de poder socioeconómico, resulta sumamente complejo. Los grandes intereses creados se erigen en obstáculos para cualquier gobierno que pretenda implementar transformaciones profundas.
Mientras tanto, los dominicanos debemos conformarnos con que se preserve un clima de estabilidad económica y de paz social, dos pilares fundamentales en la vida de cualquier nación.
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