Más de 40 ciudadanos dominicanos y extranjeros denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria vinculada al proyecto “West Side Residences Punta Cana”, promovido por la empresa Grupo Paceo, S.R.L. A más de tres años de iniciadas diversas acciones legales, los afectados afirman que el proceso investigativo aún no ha producido imputaciones formales ni medidas de coerción contra los señalados responsables.
Según los denunciantes, estas personas habrían articulado un esquema de captación de capital mediante la oferta de villas en Punta Cana que, según alegan las víctimas, nunca fueron construidas ni contaban con la titularidad legal de los terrenos.
De acuerdo con la documentación presentada por los querellantes, el modelo de negocio consistía en ofrecer contratos de opción de compra para viviendas dentro del proyecto inmobiliario. Una vez recibidos los pagos iniciales, las víctimas aseguran que comenzaron a recibir solicitudes de pagos adicionales y propuestas de adendas contractuales que extendían los plazos de construcción. Algunos denunciantes también afirman que se les solicitó firmar desistimientos de acciones legales a cambio de promesas de devolución de dinero que, según indican, no se concretaron.
Las cifras aportadas por los afectados reflejan la dimensión del conflicto legal. Según certificaciones judiciales citadas por los querellantes, entre 2013 y 2024 se registraron 10 querellas penales relacionadas con González Contreras y Grupo Paceo, así como 17 demandas civiles ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Asimismo, entre 2024 y 2025 se habrían depositado 14 querellas adicionales con constitución en actor civil ante la Fiscalía del Distrito Nacional, representando víctimas de República Dominicana, Estados Unidos, México, Chile y Bulgaria.
El 31 de enero de 2025, autoridades ejecutaron un allanamiento simultáneo en las oficinas de Grupo Paceo. Sin embargo, los denunciantes sostienen que hasta la fecha no se han anunciado imputaciones formales ni medidas cautelares derivadas de dicha diligencia.
Ante esta situación, el 3 de marzo de 2026 fue entregada una intimación formal de desapoderamiento a diversas autoridades del Ministerio Público mediante el Acto No. 190/2026, instrumentado por el alguacil Ismael Santana Adames. El documento solicita, entre otras medidas, la reasignación del caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), así como la realización de una auditoría interna sobre el manejo procesal de los expedientes vinculados al caso.
El abogado de los querellantes, Jean Cristofer Pérez Lebrón, manifestó que las víctimas buscan que el proceso avance con mayor celeridad y transparencia. Entre las solicitudes planteadas se encuentran la imposición de medidas de coerción contra los imputados, la adopción de medidas cautelares sobre bienes y activos vinculados al caso, y el establecimiento de un cronograma procesal que permita garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Las víctimas sostienen que muchas de ellas invirtieron ahorros destinados a vivienda o retiro, por lo que esperan que las autoridades puedan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.
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