Por Arismendi Diaz Santana
Para elevar la calidad de los servicios de la red pública es imprescindible establecer fuertes incentivos a los médicos según su dedicación y desempeño. No tiene sentido gastar el 85% del presupuesto en salarios sin compromisos ni garantías reales de resultados
El Art. 176 del proyecto de reforma confirma el carácter integral del Plan Básico de Salud (PBS), agregando la atención de la salud mental, el acceso a salud de todos los jubilados y la atención médica por accidentes de tránsito. Proponemos eliminar en un plazo no mayor de seis meses, el Plan de Servicios de Salud (PDSS), ilegalmente vigente desde hace dos décadas.
El Art. 218 amplía las funciones del Consejo Nacional del SeNaSa (COSENASA) y reduce el número de miembros para imprimirle más responsabilidad y agilidad. Pero llama la atención la ausencia de un representante de los afiliados. La inclusión de la DIDA matiza este vacío, pero no lo llena totalmente.
Además de elevar la cotización al 12.97% en cuatro años, la SISALRIL propone para el SFS un tope de cotización de 20 salarios mínimos nacional (Art. 183). Esta medida podría acentuar la elusión (declaración de salarios menores) ya que los altos afiliados pagarían mucho más por el mismo PBS. Esa resistencia no existe en pensión porque mientras más aportan, más acumulan y mayores jubilaciones. Valdría la pena considerar los pros y los contras.
No compartimos la sustitución del Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) por un “Régimen de trabajadores autónomos, por cuenta propia y rentista” (Art.171). Este cambio acentuaría la marginalidad del 54.2% de la PEA dejándolos en el limbo, ya que los obligaría a cotizar por sí solos el 29.42% a pesar de tener ingresos un 30% menores y más inestables.
Los autónomos no encajan en el Contributivo porque no son asalariados y carecen de un patrono solidario, y tampoco en el Subsidiado, porque el 57% tiene capacidad contributiva, según las encuestas del Banco Central. Proponemos iniciar el RCS, con la opción de que puedan afiliarse al Contributivo aquellos autónomos que puedan pagarlo.
Superar el ausentismo, el clientelismo y la politiquería que tanto han ralentizado la calidad de la salud pública propiciando su privatización
La SISALRIL cambia completamente el contenido del Art. 173 vigente, el cual establece las “modalidades de contratación del personal de salud”, combinando un sueldo básico fijo con incentivos crecientes a los médicos por su dedicación, desempeño y la cantidad de servicios prestados a los afiliados.
Esta inexplicable eliminación constituiría un retroceso mayúsculo manteniendo un ausentismo y clientelismo tan negativos que durante décadas han ralentizado la salud pública propiciando su privatización. Para revertir este proceso es imprescindible incentivar cada vez más el aporte individual a la continuidad y calidad de los servicios médicos.
El presupuesto tradicional a los hospitales y el pago de salarios fijos a los profesionales sin incentivos al desempeño perjudica a millones de afiliados. Nunca han garantizado la entrega de servicios suficientes, oportunos y de calidad, fomentando la privatización, la mercantilización y el gasto familiar de bolsillo.
La SISALRIL no plantea la reducción gradual de la enorme diferencia entre la cápita Contributiva (1,882.49) y la Subsidiada (321.97). Resulta insostenible que, dos décadas después, la cápita subsidiada sea apenas el 17.1% de la contributiva, a pesar de garantizar el mismo PBS para todos los afiliados contributivos y subsidiados.
Obviamente, no tienen que ser iguales, pero tampoco tan diferentes. La magnitud de esta brecha desnuda el trato desigual que reciben las familias más pobres y vulnerables, que representan más de 5.6 millones de afiliados. Cualquier reforma integral coherente supone su reducción progresiva.
El Estado cumple religiosamente con la Ley 87-01 entregando mensualmente al SENASA la cápita completa del Régimen Contributivo. Sin embargo, no entrega al SENASA la mayor parte de los recursos del Subsidiado, asignándosela directamente al Servicio Nacional de Salud (SNS), independientemente de la cantidad y calidad de los servicios prestados. Proponemos cumplir con la Ley 87-01 mediante su desmonte gradual en cuatro años.
Esta reforma integral se produce cuando la principales autoridades nacionales y amplios sectores del país, toman conciencia de que el fortalecimiento de la red pública constituye una condición sine qua non para lograr una mayor protección y satisfacción de los afiliados, la reducción del gasto familiar de bolsillo y del riesgo de quiebra a causa de una complicación de salud. En tal sentido, esperamos la debida ponderación de estas observaciones y propuestas de nuestra Fundación.
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