El presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia San Juan, en respuesta a la creciente presión social tras una multitudinaria marcha realizada en esa demarcación.
La decisión fue anunciada la noche de este domingo, mediante una alocusión del presidente Luís Abinader luego de que miles de ciudadanos salieran a las calles el pasado fin de semana en rechazo a la posible explotación de oro en la comunidad de Romero, una iniciativa impulsada por la empresa canadiense GoldQuest.
La presión social marcó la decisión
La protesta, que recorrió varios kilómetros hasta la presa de Sabaneta, reunió a diversos sectores sociales bajo una consigna común: la defensa del agua y la producción agrícola de la provincia.
Durante la movilización, los manifestantes expresaron su preocupación por los posibles efectos ambientales del proyecto, especialmente sobre los recursos hídricos que abastecen el valle de San Juan, considerado uno de los principales polos agrícolas del país.
Gobierno actúa con cautela
En ese contexto, el mandatario dispuso la paralización de todas las operaciones vinculadas al proyecto, el cual —según explicó— aún se encontraba en fase de evaluación ambiental y no contaba con permiso de explotación.
Abinader sostuvo que la medida responde a la necesidad de actuar con “cautela y transparencia” ante las inquietudes expresadas por la ciudadanía.
Asimismo, dejó claro que cualquier decisión futura dependerá de los resultados de los estudios técnicos y del impacto ambiental del proyecto.
Un proyecto bajo controversia
El proyecto Romero contempla la extracción de oro, cobre y plata mediante minería subterránea, una modalidad que la empresa ha defendido como menos invasiva. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad han advertido sobre los riesgos que podría representar para los ríos, suelos agrícolas y comunidades cercanas.
Las preocupaciones se centran principalmente en la posible afectación de la presa de Sabaneta, infraestructura clave para el riego de miles de hectáreas productivas en la región sur.
Un conflicto que sigue abierto
La decisión presidencial representa, por el momento, un triunfo para los sectores que se oponen al proyecto. No obstante, el conflicto está lejos de resolverse.
El futuro de la explotación minera en Romero dependerá del análisis técnico, pero también del consenso social en una provincia donde el debate ha trascendido lo ambiental para convertirse en un tema de identidad, desarrollo y supervivencia económica.
Mientras tanto, la orden de suspensión envía una señal clara: el Gobierno no ignorará la voz de las comunidades cuando se trate de decisiones que impacten directamente sus recursos naturales.
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