El miembro del Comité Central (CC) de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, Miguel Suriel, hablando en nombre de decenas de sus compañeros, afirma apoyar el reclamo del precandidato presidencial de esa entidad política, Francisco Javier García, de higienizar el gasto público en el Gobierno dominicano.
“Si el presidente el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) quiere enfrentar verdaderamente la crisis fiscal, debe reducir sustancialmente la nómina pública y reajustar las miles de pensiones millonarias entregadas a personas que no las merecen ni las han ganado”.
“No se le puede pedir sacrificio al pueblo mientras el Gobierno mantenía, en 2025, una nómina pública de 773,025 empleados, miles de ellos ‘botellas’, que superaban los RD$338,305.9 millones”.
Pero, entre enero y febrero de 2026, el pago de nómina aumentó un 6,3 %, destinando RD$55,045.3 millones en esos dos meses, reflejando un aumento de empleados y sueldos, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El Gobierno dominicano ha experimentado un crecimiento sostenido en el gasto de nómina pública. Recordó que, en 2020, los empleados públicos sumaban 640,977. En 2021, la cantidad fue de 678,567. En 2022, la suma fue de 727,338. En 2023, la cantidad fue de 717,203. En 2024, la suma fue de 739,221.
Además, quitar el 50 % de los fondos que, por ley, se entregan a los partidos políticos dominicanos, quienes son garantes del sistema democrático, constituye un golpe medular a la democracia, al debilitar las organizaciones y abrir las compuertas al financiamiento irregular, como declaró Javier García.
El ingeniero Suriel señaló que el Gobierno debe reorientar la búsqueda de fondos hacia otros sectores, como planteara el aspirante presidencial del PLD para “una verdadera política de austeridad”: Reducir la nómina pública inflada, eliminar las compras de emergencia irregulares.
Asimismo, transparentar los programas sociales, recortar los beneficios a funcionarios, eliminar los gastos superfluos del Estado, revisar el esquema de pensiones especiales, reducir las pérdidas del sector eléctrico y auditar los grandes contratos públicos.
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