Por Yadira Peña
Titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo.
La propuesta de reforma fiscal presentada por el actual gobierno de la República Dominicana vuelve a evidenciar una constante preocupante: se insiste en pedirle más sacrificios a la ciudadanía sin que exista una garantía clara de que el Estado esté dispuesto a corregir sus propias ineficiencias estructurales ni a redefinir sus prioridades de gasto.
Se trata en realidad de una desacertada decisión política del gobierno del PRM con efectos directos sobre el costo de vida, la actividad económica y, sobre todo, de la ya frágil capacidad de consumo de los hogares dominicanos.
El problema de fondo es que el Gobierno vuelve a colocar el peso del ajuste sobre la clase media y los sectores populares, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esa sostenibilidad no debería construirse únicamente desde la recaudación mientras el debate sobre la calidad del gasto público sigue siendo postergado o tratado de manera superficial.
En lugar de iniciar por una reforma profunda del Estado, que procure una reducción del gasto ineficiente, la revisión de aquellas nóminas sobredimensionadas, la eliminación de las duplicidades institucionales y que garantice una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria, las actuales autoridades han optado por tomar el camino más sencillo políticamente, pero más costoso socialmente: aumentar la carga impositiva.
Este enfoque ignora un punto esencial; en una economía como la dominicana, donde una parte significativa de los ingresos de los hogares se destina a bienes básicos, cualquier incremento en la presión fiscal o en los costos indirectos del sistema tributario se traduce rápidamente en la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, el ajuste no lo absorbe el Estado, lo absorben las familias.
El Gobierno insiste en que esta reforma tiene un carácter progresivo. Sin embargo, en la práctica, los efectos indirectos tienden a ser regresivos.
El aumento de impuestos a bienes, servicios y actividades productivas genera un efecto en cadena que termina impactando los precios finales. Y cuando los precios suben, son los hogares de menores ingresos los primeros en ver reducido su margen de supervivencia económica.
A esto se suma un elemento clave que el oficialismo evita enfrentar: la falta de confianza en la eficiencia del gasto público. No basta con prometer que más recaudación se traducirá en mejores servicios o más programas sociales si no existe un compromiso verificable, medible y transparente sobre cómo se utilizarán esos recursos adicionales.
Las consultas populares que hemos realizado advierten que esta reforma llega en un momento de desaceleración económica, lo que agrava sus posibles efectos negativos.
Aumentar la presión fiscal en un contexto de menor dinamismo productivo no estimula el crecimiento, por el contrario, puede frenarlo aún más, afectando la creación de empleo y reduciendo la capacidad de consumo interno.
El gran ausente en esta propuesta sigue siendo el debate sobre el Estado mismo; su tamaño, su eficiencia y sus prioridades.
Mientras no se aborde este problema de fondo, cualquier reforma fiscal corre el riesgo de convertirse en un simple mecanismo de recaudación, desconectado de una verdadera estrategia de desarrollo.
En conclusión, esta reforma no representa una modernización del sistema fiscal, sino una carga adicional disfrazada de necesidad técnica. Y lo más preocupante es que esa carga no recae sobre quienes más tienen capacidad de absorberla, sino sobre los mismos sectores de siempre; los trabajadores, la clase media y los más vulnerables.
Desde la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, el llamado es claro: antes de exigirle más al país, el Gobierno debe demostrar que ha hecho todo lo necesario para administrarlo mejor. Porque sin eficiencia del gasto, no hay reforma fiscal que sea justa ni sostenible.
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