La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que, de ser aprobado, declara obligatoria la creación e instalación de dispensarios médicos escolares en cada uno de los 7,931 centros educativos públicos del país, para cerrar una brecha que hoy deja la atención de emergencias de salud escolar librada al azar.
La propuesta, presentada por la diputada de Santo Domingo Oeste, Eduviges Bautista Leyvi, propone que cada centro público cuente con personal de enfermería permanente, un médico general asignado de forma periódica, equipos básicos de primeros auxilios y protocolos claros de actuación y referimiento a la red de salud.
“Una emergencia de salud dentro de una escuela se agrava cuando no hay personal preparado ni equipos básicos. Proteger la vida de nuestros estudiantes no puede depender de la suerte de en qué escuela o provincia les tocó estudiar”, afirmó Bautista.
La medida impactaría de forma directa a los cerca de 2,064,600 estudiantes matriculados en el sector público el 77.5% de los 2,664,028 convocados en el año escolar 2025-2026, hoy distribuidos en centros con capacidad de respuesta desigual: mientras algunos planteles cuentan con enfermería, la gran mayoría carece de los recursos mínimos para una primera atención.
En la provincia Santo Domingo, que concentra 1,026 centros educativos públicos la segunda cifra más alta del país, la ley tendría un efecto inmediato sobre dicha demarcación.
El proyecto permite a los Ministerios de Educación y de Salud Pública a coordinar la instalación, habilitación y supervisión de los dispensarios, financiados con cargo al Presupuesto General del Estado que en 2026 destina RD$332,030.5 millones a Educación, 7.1% más que en 2025 mediante asignaciones a ambas carteras.
La implementación será progresiva, en un plazo no mayor de tres años, priorizando los centros con mayor matrícula estudiantil y los ubicados en zonas vulnerables.
“La salud y la educación son derechos inseparables. Un estudiante que se siente seguro, protegido y atendido oportunamente tiene mejores condiciones para aprender, desarrollarse y permanecer dentro del sistema educativo”, sostuvo la legisladora.
La iniciativa hace un llamado al Congreso Nacional, a las autoridades educativas y sanitarias y a los distintos sectores de la sociedad a respaldar una legislación que coloca la prevención, la equidad y la protección de la población estudiantil en el centro de la agenda pública.
Su aprobación no solo permitiría atender emergencias; también contribuiría a construir una cultura de salud preventiva dentro de las escuelas y a garantizar que cada plantel público disponga de una capacidad mínima para proteger la vida y el bienestar de su comunidad educativa.
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