La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO valoró como una decisión acertada y oportuna la iniciativa de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de recepción de propuestas para la modificación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La entidad sostuvo que esta decisión constituye una demostración de apertura democrática y de disposición al diálogo por parte del Congreso Nacional, al permitir que los distintos sectores de la sociedad presenten observaciones y recomendaciones orientadas a perfeccionar una legislación de tanta trascendencia para el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
ADOCCO recordó que toda norma jurídica es susceptible de revisión cuando la experiencia evidencia aspectos que requieren ajustes para garantizar una mejor aplicación de la ley y un adecuado equilibrio entre la persecución de los delitos, la seguridad jurídica y las libertades públicas.
En ese sentido, la organización reiteró la necesidad de revisar aquellas disposiciones que han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente las relacionadas con la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros aspectos que podrían producir interpretaciones incompatibles con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
«La decisión de escuchar a la ciudadanía fortalece el proceso legislativo y demuestra que las leyes deben evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad y al respeto de los derechos fundamentales», expresó ADOCCO.
La entidad exhortó a organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, universidades, juristas, medios de comunicación y ciudadanos interesados a participar activamente en este proceso, presentando propuestas técnicamente fundamentadas que contribuyan al fortalecimiento del Código Penal.
ADOCCO manifestó que someterá formalmente sus observaciones sobre aquellos artículos que, a su juicio, requieren modificaciones para evitar posibles restricciones al ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos y para garantizar que el nuevo Código Penal responda a los principios de proporcionalidad, legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la organización expresó su confianza en que el Congreso Nacional analizará cada una de las propuestas con objetividad y responsabilidad, privilegiando el interés nacional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
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