De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), todo extranjero que solicite una visa o la residencia y pueda convertirse en una carga pública puede ser declarado inadmisible en Estados Unidos.
Entre los posibles afectados figuran dominicanos que tramitan la residencia por petición de un familiar o de su prometido(a), y cuya situación económica o dependencia de ciertos programas de asistencia pública pudiera influir en la evaluación de su caso, conforme a las disposiciones migratorias aplicables.
Con este cambio, la administración del presidente Donald Trump busca alinear la política migratoria con el mandato del Congreso de que los extranjeros sean autosuficientes y no dependan de beneficios pagados por los contribuyentes.
Para determinar si alguien puede convertirse en una carga pública, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evalúa factores como la edad, el estado de salud física y mental, educación, habilidades, nivel académico, capacidad laboral y situación financiera, incluidos ingresos, bienes y recursos disponibles.
Asimismo, los oficiales de inmigración pueden considerar si el solicitante recibe beneficios públicos, como servicios de Home Attendant, Medicaid financiado con fondos federales, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como CalFresh en California, vivienda pública federal o ayudas para el pago de alquiler, como las de la Sección 8.
“La administración del presidente Trump está defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de beneficios públicos.”
USCIS también informó que publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus. Además, precisó que la prueba de carga pública no se aplica al proceso de naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense.
La agencia señala que la determinación de carga pública se hace caso por caso, considerando el conjunto de circunstancias del solicitante. USCIS dijo que habrá más información sobre la implementación de la nueva política, así que recomiendan estar pendientes de las instrucciones oficiales antes de someter una solicitud de residencia.
Expertos aconsejan consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado antes de iniciar o continuar cualquier trámite, para entender cómo estos cambios podrían afectar su caso en particular.
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