La prensa libre constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Fiscalizar el uso de los recursos públicos, cuestionar decisiones oficiales y exigir transparencia son funciones legítimas y necesarias de los medios de comunicación. Sin embargo, también es cierto que la responsabilidad periodística exige equilibrio, contexto y apego a los hechos.
En los últimos días, Diario Libre ha publicado una serie de trabajos sobre viajes y misiones institucionales de miembros de la Junta Central Electoral (JCE) que, más allá de la legítima investigación periodística, parecen orientados a construir una narrativa destinada a desacreditar a una de las instituciones más importantes del sistema democrático dominicano.
Nadie discute el derecho de un medio a preguntar cuánto costó una misión, quiénes participaron o cuáles fueron sus resultados. Lo preocupante es cuando el foco deja de estar en los hechos para concentrarse en elementos accesorios que buscan generar indignación pública. Mencionar restaurantes, tiendas o aspectos personales de un viaje oficial puede producir titulares llamativos, pero no necesariamente aporta información relevante sobre la naturaleza o utilidad de la misión realizada.
La Junta Central Electoral no es una institución cualquiera. Es el organismo responsable de la identidad de millones de dominicanos, de la organización de los procesos electorales y de garantizar el derecho al voto tanto dentro como fuera del país. En una era donde las amenazas cibernéticas representan uno de los mayores riesgos para los sistemas electorales del mundo, resulta difícil sostener que la capacitación especializada en ciberseguridad sea un lujo o una actividad prescindible.
Del mismo modo, pretender medir la importancia de las gestiones relacionadas con el voto en el exterior únicamente por la cantidad de sufragios emitidos en una elección es desconocer la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de garantizar derechos a todos sus ciudadanos, independientemente del lugar donde residan.
La crítica fortalece las instituciones cuando está sustentada en hechos verificables y análisis rigurosos. Pero cuando se recurre a insinuaciones, interpretaciones forzadas o asociaciones que pueden inducir a conclusiones equivocadas, la crítica pierde fuerza y corre el riesgo de convertirse en una campaña de descrédito.
La JCE, como cualquier organismo público, debe estar abierta al escrutinio ciudadano. Sin embargo, también tiene derecho a que sus actuaciones sean evaluadas con objetividad y justicia. La transparencia no puede convertirse en sinónimo de condena anticipada, ni la fiscalización en una herramienta para erosionar la confianza pública sin pruebas concluyentes.
La democracia necesita una prensa fuerte, independiente y vigilante. Pero también necesita instituciones sólidas y respetadas. Cuando la crítica abandona el terreno de los hechos para adentrarse en el de las percepciones, todos pierden: los medios, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía.
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