Santo Domingo.– La protección de los parques nacionales, las fuentes de agua, los humedales y los arrecifes pasó a formar parte de las prioridades estratégicas de seguridad nacional de la República Dominicana, a partir de las disposiciones establecidas por el Gobierno mediante el decreto 615-26.
La nueva medida contempla acciones para prevenir y enfrentar lo que las autoridades han denominado “terrorismo medioambiental”, al considerar que determinadas amenazas contra los recursos naturales pueden comprometer intereses estratégicos del país.
El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez Dájer, afirmó que el Estado asumirá una posición firme frente a cualquier acción que afecte los territorios protegidos.
Durante una rueda de prensa celebrada en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el funcionario sostuvo que los parques nacionales forman parte de la seguridad del país y advirtió que el Gobierno actuará ante cualquier intento de afectar su integridad territorial.
Henríquez Dájer también descartó que la administración contemple reducir o disponer de terrenos pertenecientes a los parques nacionales.
“No entregaremos ni un metro de nuestros parques nacionales”, afirmó el ministro al fijar la posición oficial sobre la protección de esas áreas.
Coordinación entre organismos del Estado
El decreto 615-26 establece además la participación del Comité Nacional Antiterrorista y la Comisión Nacional Antiterrorista en las acciones destinadas a prevenir y neutralizar posibles amenazas contra áreas protegidas y otros recursos naturales estratégicos.
La disposición incorpora a este esquema de trabajo a los ministerios de Defensa y de Inteligencia, además de otras instituciones y agencias estatales vinculadas a la seguridad nacional.
Con esta estructura, el Gobierno busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y aquellas encargadas de la protección ambiental.
La iniciativa establece un mecanismo interinstitucional para responder ante actuaciones que puedan poner en peligro ecosistemas protegidos, reservas de agua y otros recursos naturales considerados fundamentales para el país.
La decisión convierte así la defensa de estos espacios naturales en un asunto que trasciende la gestión ambiental y pasa a ser abordado también desde la perspectiva de la seguridad nacional.
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