El presidente de la Fundación Vida en Abundancia para la Defensa de los Recursos Naturales, Emmanuel Solano, calificó de altamente positivo el Decreto 615-26, emitido por el presidente Luís Abinader, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental.
Solano señaló que las asociaciones de caficultores y agricultores, el núcleo que le agrupa, las fundaciones Vida en Abundancia y Plan Forestal Mucha Agua, han denunciado en varias ocasiones las agresiones deliberadas contra las áreas de influencia de las presas Jiguey Aguacate, pero que con el cumplimiento de este decreto y del Código Penal que contempla penas de 20 a 30 años a los infractores.
Argumentó que este Decreto llega en el justo momento en que la sequía afectó con rudeza el país y que a través de las entidades de la sociedad civil se puede socializar las nuevas disposiciones, facilitarle plantas, semillas, crear brigadas y brindar préstamos a bajos intereses o a tasa cero a los productores a los fines que se lleve a cabo una agricultura sostenible y se elimine de una vez por todas el monaquismo.
Saludó al señor presidente Luís Abinader y a seguidas puntualizó que es una persona convencida de la situación en que ciudadanos nacionales y extranjeros están cometiendo actos terroristas medioambientales perpetrando la desaparición o daño sistemático a los parques nacionales, a los complejos hidroeléctricos y es por ello que se justica la toma de acciones drásticas y persecuciones firmes contra los que incurran en estos ilícitos.
Solicitó al mandatario de la nación que a través de los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, asuman no solo la persecución de los infractores sino que otorguen la logística a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan esa área para que lleven a cabo programas educativos para reducir al máximo esta situación que amenaza en convertir a la República Dominicana en un Haití.
Indicó que muchos incendios que han originados en la zona de influencia de las presas Jiguey- Aguacate y en el Parque Nacional de Bahoruco son provocados por actividades ilícitas que no solo destruyen la flora y la fauna, sino destruyen los yacimientos de agua la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del país.
Argumentó que con este Decreto y con el respaldo de las disposiciones legales de la Constitución y el nuevo Código Penal, que contemplan que las conductas que afecten los parques nacionales enfrentarán sanciones de 20 a 30 años de cárcel, esto servirá para que los infractores no se salgan con los suyas al momento en que sean sometidos.
Reiteró su llamado al presidente Luís Abinader a que través de la EGEHID, los ministerios de Medio Ambiente, la Presidencia, entre otros organismos, le sea otorgada la logística necesaria para que las ONGS desarrollen programas de capacitación y de promoción a la protección y preservación del medio ambiente en las áreas de influencia de las presas hidroeléctricas del país.
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