Una nueva política federal de inmigración que entrará en vigor el 18 de septiembre dará a los funcionarios de inmigración más facultades para decidir si ciertos solicitantes de residencia podrían considerarse una carga pública.
La norma, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), permitirá considerar factores como la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y las habilidades al evaluar si una persona podría depender de la asistencia pública.
El objetivo declarado es garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes. Programas como SNAP y Medicaid podrían ser tomados en cuenta en la evaluación global sobre si alguien representa una carga pública.
Según USCIS, la medida se aplicará a más de 20 categorías de residencias y ajustes de estatus, incluyendo cónyuges de ciudadanos estadounidenses, prometidos(as), hijos(as) y padres de ciudadanos, inversionistas, trabajadores religiosos y miembros de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades de NYC recuerdan que quienes tengan dudas sobre cómo la nueva política puede afectar su situación migratoria, pueden comunicarse con la línea de asistencia legal de la ciudad al 1-800-354-0365
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