El ministro de Hacienda y Economía, Magín Javier Díaz, y el director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, Juan Rosa, podrían enfrentar acciones judiciales por el alegado incumplimiento de decisiones que ordenan reajustar pensiones y pagar diferencias retroactivas, según advirtió el abogado Oliver Moisés Batía Burgos, del Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos.
“Mensualmente, el Estado está acumulando una deuda de RD$743,136 por concepto de retroactivo en beneficio de mis cuatro clientes. Además de eso, las sentencias mandan a pagar un 1 % de interés mensual sobre ese retroactivo”, declaró Batía.
Batía aseguró que, agotado el plazo establecido en los actos, las actuaciones judiciales contra los responsables seguirían vías distintas conforme a sus respectivas calidades y jurisdicciones. En el caso del ministro de Hacienda, Magín Díaz, la acción correspondiente podría llevarlo a comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el procedimiento relacionado con el responsable de Jubilaciones y Pensiones sería llevado ante el Palacio de Justicia”, explicó.
Los documentos de alguacil suministrados muestran cuatro “Mandamientos de pago y puesta en mora con apercibimiento de acción penal y patrimonial por inejecución de sentencia”, dirigidos al ministro de Hacienda y Economía y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado. Los actos fueron instrumentados el 1 de octubre de 2026, a requerimiento de Manuel Emilio Pérez Suárez, Carlos Jeremías Santana Montás, Juan Bautista Moreno Castro y Leocadio Valentín Lebrón Jiménez.
“Estamos hablando de cuatro personas de la tercera edad que dedicaron más de 30 y, en algunos casos, más de 35 años de su vida al servicio del Estado. Han tenido que acudir hasta las últimas instancias judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos y, aun después de obtener esas sentencias, siguen sin recibir sus retroactivos. Detrás de cada expediente hay una persona que merece vivir esta etapa de su vida con dignidad y tranquilidad, sin tener que seguir luchando por lo que le corresponde”.
El abogado advirtió que, agotado el plazo establecido en los actos, las actuaciones judiciales contra los responsables seguirían vías distintas, conforme a sus respectivas calidades y jurisdicciones. En el caso del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, la acción correspondiente podría llevarlo a comparecer ante la Suprema Corte de Justicia, mientras que el procedimiento relacionado con el responsable de Jubilaciones y Pensiones sería llevado ante el Palacio de Justicia, explicó Batía.
El jurista aseguró que las decisiones han sido notificadas en distintas ocasiones a las instituciones correspondientes y que, pese a las intimaciones realizadas, no se habría producido el cumplimiento integral. Los nuevos actos conceden un plazo de cinco días hábiles para proceder al cumplimiento de las sentencias identificadas en cada expediente.
Sentencias
Entre las decisiones identificadas figuran la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00186, del 26 de marzo de 2026, correspondiente a Santana Montás, cuyo recurso de casación fue rechazado mediante la SCJ-TS-26-1444, del 31 de julio de 2026; y la 0030-1643-2025-SSEN-00286, del 25 de abril de 2025, correspondiente a Moreno Castro, respecto de la cual el acto cita el rechazo del recurso de casación mediante la SCJ-TS-25-4238, del 26 de noviembre de 2025.
En el expediente de Lebrón Jiménez aparece la sentencia 0030-1643-2023-SSEN-00912, del 31 de octubre de 2023, y el nuevo acto identifica la decisión de casación SCJ-TS-25-0329, del 28 de marzo de 2025. Para Pérez Suárez, el dispositivo aportado corresponde a la sentencia 0030-1643-2024-SSEN-00833, del 25 de octubre de 2024. Las decisiones que ordenan los reajustes proceden del Tribunal Superior Administrativo; las actuaciones de la Suprema Corte citadas en los nuevos actos corresponden a recursos de casación.
“Hemos hecho los cuatro actos de puesta en mora y mandamiento de pago para la ejecución de las sentencias. Este es el paso previo a las acciones que ejerceremos por el incumplimiento de decisiones judiciales firmes”, manifestó el abogado.
Las liquidaciones incorporadas a esos cuatro actos, calculadas al 30 de septiembre de 2026, reclaman RD$18,610,958.65 para Carlos Jeremías Santana Montás; RD$11,723,895.17 para Leocadio Valentín Lebrón Jiménez; RD$7,519,357.75 para Juan Bautista Moreno Castro; y RD$15,209,422.46 para Manuel Emilio Pérez Suárez. En conjunto, ascienden a RD$53,063,634.03.
Batía explicó que los cuatro actos constituyen puestas en mora y mandamientos de pago para procurar la ejecución de las decisiones judiciales y advirtió que, de persistir el alegado incumplimiento, se contempla presentar acciones con constitución en actor civil, invocando los artículos 286 y 339 del Código Penal dominicano. La eventual responsabilidad de los funcionarios y la procedencia de cualquier sanción deberán ser determinadas por los tribunales competentes.
“Estamos ante sentencias que adquirieron autoridad de cosa juzgada. No estamos solicitando un favor administrativo; estamos exigiendo el cumplimiento de decisiones de los tribunales”, sostuvo
El representante legal agregó que las diferencias reclamadas se remontan a diciembre de 2020, por lo que, según sus cálculos, el monto adeudado continúa incrementándose cada mes.
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