La corrupción pública, en los resultados de las investigaciones de opinión, aparece relegada a un cuarto y quinto lugar (en orden de importancia) entre las diferentes preocupaciones de la población dominicana. La mayoría de la gente prioriza la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida y la excesiva presencia de extranjeros indocumentados.
Sin embargo, para el autor de este artículo, ningún problema está por encima del robo del dinero del contribuyente, porque ahí está la causa principal de la caída de servicios vitales, como educación, salud, energía, agua, transporte, viviendas, entre otros. Inclusive, dilapidar recursos públicos impide implementar una efectiva política de seguridad. Naturalmente, la famosa reforma policial no resiste escrutinio fiscal.
El desvío de los recursos estatales, además, motiva a que para el año entrante, según se estima, tendríamos un déficit fiscal ascendente al 3.2% del Producto Interno Bruto, lo que ofrece pretexto al presente Gobierno para dar continuidad al festival de empréstitos internacionales, lo que provoca la búsqueda de más dinero para el pago del servicio de la deuda externa, convirtiéndose en un círculo vicioso de nunca acabar. Por lo menos en lo que resta de este Gobierno.
El dinero nunca alcanza, pero el origen está en la creciente corrupción pública del Gobierno que preside Luis Abinader. En los últimos días han salido a luz ciertas auditorías, publicadas por la Contraloría General de la República, a un puñado de órganos estatales, pero algunas supuestas irregularidades recaen sobre antiguos funcionarios destituidos, que cayeron en desgracia con el jefe de Estado y con Paliza.
Con estos supuestos ejemplos, el Gobierno simplemente persigue mejorar su reducido crédito público, mediante una orquestada labor comunicacional, donde el bocinaje resalta el hecho que el actual presidente es el único, en las últimas décadas, que ha combatido la corrupción pública, inclusive contra su propia gente. Es un mecanismo de propaganda.
Si el jefe de Estado pretende dar muestra seria de combate al flagelo de la corrupción que disponga auditorías a todos los órganos estatales, empezando por las instituciones en las que hay fideicomisos y en aquellas que han tenido y tienen como incumbentes a reconocidos empresarios y miembros del CONEP.
La gente se convence cuando ve auditorías de las empresas de todo el sector eléctrico, así como las de salud y educación, para solo citar a las que atañen a los principales servicios. ¡Ah, se me olvidaba! La política anticorrupción toma ribetes de honestidad (real honestidad) si se le hace auditorías a José Ignacio Paliza, en los dos ministerios que han estado bajo su responsabilidad.
Además, no es que la población se conformaría con las auditorías. Se requiere algo más. Aquellas que arrojen irregularidades, peculado y desfalco en desmedro de los que pagamos religiosamente impuestos directos e indirectos, el Poder Ejecutivo tiene que dar instrucciones al Ministerio Público para procesar judicialmente a los responsables de los desvíos.
Empero –lo doy como un hecho–, se puede apostar a que Luis Abinader no llegaría donde necesariamente tiene que llegar para alcanzar crédito público suficiente en el combate a la corrupción. Mientras tanto, lo que se observa es un ensayo propagandístico, sobre todo con antiguos funcionarios que cayeron en desgracia y se les toma como mampara.
Danilo Medina dice tener pruebas de 32 instituciones con alto nivel de corrupción pública. Le haría un gran aporte al país si completa la denuncia mencionando nombres de esos estamentos estatales y sus respectivos funcionarios. El aporte sería mayor si lleva esos casos a los tribunales de la República.
Aunque se trata de un líder opositor, que posiblemente procura beneficio político para el PLD, no se puede descartar nada, dado que es un expresidente de la República, hombre bien informado.
Es un gran privilegio el estar bien informado sobre el desenvolvimiento ético de las diferentes instituciones del Estado, porque regularmente la corrupción de los gobiernos se conoce cuando abandonan el poder y solo hay sanción cuando quien le sustituye cuenta con la voluntad de justicia y disposición de recuperación de los recursos públicos sustraídos.
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