Por Elvin Dominici
Durante los últimos cuarenta años, el pueblo dominicano ha cambiado de presidentes, partidos y colores políticos, pero sigue padeciendo los mismos males: inseguridad ciudadana, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. ¿Cuántas familias más deben vivir con miedo para que quienes gobiernan entiendan que la seguridad no es un favor político, sino una obligación del Estado?
El país más peligroso del mundo puede convertirse en el más seguro de América Latina con mano dura y un líder con pantalones. Su gran obstáculo será precisamente quienes juran proteger al pueblo desde la cúspide gubernamental. Políticos corruptos dirán que es imposible garantizar la seguridad; organizaciones de derechos humanos hablarán de un régimen dictatorial. Sin embargo, hay dos ejemplos en Latinoamérica que actualmente desmienten esta falacia absurda y dejan en claro que solo hacen falta voluntad política y un régimen de orden y consecuencias.
Por ejemplo, en 2019, El Salvador registraba 38 homicidios por cada 100,000 habitantes, y las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban barrios enteros. Nayib Bukele llegó al poder prometiendo recuperar la seguridad, pero su enfrentamiento con la Corte Suprema culminó en mayo de 2021 con la destitución de cinco magistrados, una medida denunciada por organismos internacionales como un ataque a la democracia. En marzo de 2022, su gobierno inició un régimen de excepción que permitió detener a decenas de miles de presuntos pandilleros, una política que redujo drásticamente los homicidios.
Y los resultados se reflejaron en las cifras. La tasa de homicidios se desplomó de 38 a 1.3 por cada 100,000 habitantes. En 2025, se registraron 82 asesinatos en todo el país. En otras palabras, el territorio más peligroso del continente se convirtió en el más seguro de América Latina.
Por otro lado, tenemos el ejemplo del presidente Abelardo de la Espriella, de Colombia, quien, en dos meses, ha impulsado una ofensiva contra el crimen organizado, con miles de capturas, operaciones contra cabecillas de estructuras criminales y un mayor uso de la extradición como herramienta para combatir el narcotráfico.
Según cifras oficiales, durante sus primeros 36 días se reportaron más de 17,000 capturas y acciones contra 24 cabecillas criminales. A esto se suma el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos para perseguir a los narcotraficantes, desmantelar sus redes financieras y mejorar las capacidades de inteligencia y vigilancia. Son cifras y acciones que reflejan la amplitud de la estrategia desplegada en un período relativamente corto, aunque su impacto definitivo deberá medirse con resultados sostenidos en la reducción de la criminalidad.
Mientras tanto, en nuestro país, las redes de la corrupción están infiltradas en todos los estamentos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay escándalos de narcotraficantes elegidos como legisladores honorables de nuestro Congreso Nacional. Por otro lado, la justicia se vende al mejor postor, y sale más cara la cárcel para el pobre que roba un pollo que las consecuencias para un político corrupto que se roba mil millones.
Los feminicidios dejan hijos huérfanos y familias sumidas en el dolor y la pena, sin que exista un programa policial eficiente que proteja a nuestras mujeres. Los jueces, que son representantes de la ley, se venden al mejor postor porque forman parte de la corrupción endémica que existe en todos los niveles sociales y políticos del país, donde la corrupción es buena mientras se pueda participar en ella. Por eso, estos políticos se postulan cada cuatro años para dirigir la corrupción en el Estado.
Aquellos que están llamados a protegernos son los principales autores del crimen organizado, el narcotráfico y el abuso de poder en el país. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos para resolver este problema patológico de la inseguridad ciudadana? Ninguno de los partidos tradicionales ha demostrado, en los últimos cuarenta años, que ofrece soluciones a estos grandes problemas.
Entonces, ese «quítate tú para ponerme yo» ha dejado a muchas familias dominicanas de luto, víctimas de los atracos, los homicidios, la drogadicción y el crimen organizado que azotan al país.
La solución es simple: un hombre con mano dura que deje claro que viene con los pantalones bien puestos para garantizar la seguridad ciudadana de cada familia dominicana en nuestros barrios.
Si hablamos de orden, mano dura y nacionalismo entre los candidatos presidenciales, solo el nieto de Trujillo representa estas cualidades, tan necesarias en el próximo presidente del país. Ramfis Domínguez Trujillo fue el primero en proponer un muro en la frontera para detener la invasión pacífica haitiana. También propone desmantelar la Policía Nacional y crear una policía municipal con representantes de cada barrio. No tiene miedo ni le debe favores políticos a nadie. Esa libertad e independencia le permitirán tomar las mejores decisiones posibles para mantener seguro a nuestro pueblo.
La República Dominicana no necesita otros cuatro años de promesas vacías ni otro cambio de color para continuar haciendo lo mismo. Necesita recuperar el orden, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y acabar con la impunidad. Así como los presidentes Bukele, en El Salvador, y De la Espriella, en Colombia, han apostado por la mano dura, Ramfis puede darle a nuestro país lo que necesita a corto plazo: mano dura y todo por la patria.
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