Por: Alejandro Santos
Lo que le está pasando a los arroceros dominicanos no puede sorprender a nadie. Desde que se firmó el DR-CAFTA se sabía que la protección arancelaria del arroz tenía fecha de vencimiento, y que llegado ese día el arroz estadounidense entraría sin aranceles y sin los límites del contingente negociado.
El origen del problema está, a mi juicio, en cómo entró el país a esa negociación. República Dominicana se sumó a un proceso que Centroamérica y Estados Unidos ya habían adelantado bastante, y eso redujo nuestro margen para conseguir mejores condiciones para los sectores productivos.
Se asumieron compromisos de apertura que pedían una preparación mucho mayor que la que se logró, y actividades esenciales para nuestra economía agropecuaria e industrial quedaron expuestas a una competencia cuyas desventajas se conocían de sobra.
Las advertencias del sector agropecuario han sido reiteradas. Con el arroz el asunto pesa más, porque es base de la alimentación y de su cultivo dependen muchas familias.
Los productores dominicanos están en desventaja, y siempre lo estuvieron.
Del otro lado hay subsidios, programas que protegen el ingreso, seguros agrícolas, más mecanización y una estructura tecnológica y comercial que les permite enfrentar los riesgos en mejores condiciones.
Quitar el arancel no iguala a nadie. El productor dominicano quedó más expuesto al mercado, y persisten las dificultades que le impiden producir y vender de manera competitiva y rentable.
El país se comprometió, por medio de su equipo negociador, a eliminar los aranceles de forma progresiva. Así quedó en el artículo 3.3 del DR-CAFTA y en el Anexo 3.3, correspondiente a la Lista de República Dominicana. Para el arroz descascarillado y el arroz blanco, esa eliminación se detalla en los párrafos 18 y 19 del Apéndice I de las Notas Generales de República Dominicana al Anexo 3.3.
El calendario fijaba el acceso libre de aranceles del arroz estadounidense desde enero de 2025. Ahí estaba el plazo fatal, y ahora vienen las lamentaciones, con el temor de que la apertura ponga en riesgo la subsistencia del sector.
Las autoridades y los participantes del sector sabían con años de anticipación cuándo terminaba la protección.
Los veinte años fueron un período de transición, y para eso servían: mejorar los rendimientos, facilitar el financiamiento, incorporar tecnología, reducir costos y lograr economías de escala.
Se hicieron algunas cosas. Obviamente que hubo avances, pero no fueron suficientes.
La producción nacional abastece una parte fundamental del consumo y ha mejorado, es cierto. Eso no quiere decir que todos los productores estén listos para la apertura, sobre todo los de pequeñas extensiones, los que arriendan sus terrenos y los que dependen de un préstamo para cada cosecha.
Abastecer al país no es lo mismo que poder competir con un arroz importado más barato, y esa diferencia debió estar en el centro de las políticas de estos años.
Hoy la realidad y la urgencia obligan a revisar el alcance y la efectividad de los programas de apoyo.
Con la derogación del Decreto 693-24, mediante el cual el Gobierno había mantenido restricciones a las importaciones de arroz, la preocupación se hizo más inmediata. Retirada esa protección, la pregunta vuelve a plantearse: ¿en qué condiciones reales van a competir los productores?
La responsabilidad política es de quienes negociaron los compromisos y de los gobiernos que tuvieron a su cargo preparar al sector.
Al Gobierno actual le toca responder por las consecuencias inmediatas, pero sería incompleto discutir solo la última decisión y dejar fuera el proceso que nos trajo hasta aquí.
Tampoco hay que perder de vista a los demás actores del negocio, porque los intereses de productores, factorías, importadores y distribuidores no siempre coinciden.
De ahora en adelante cualquier empresa puede comercializar arroz importado de Estados Unidos y reducir sus compras a los agricultores nacionales. Una importación masiva pone en zozobra la continuidad del suministro de la producción local.
Hay que tenerlo presente cuando se definan los apoyos y se evalúe quiénes reciben sus beneficios.
Por otro lado, el consumidor tiene derecho a comprar alimentos a precios más accesibles. Defender la producción nacional obliga a pensar también en las familias que destinan buena parte de sus ingresos a la comida.
Habrá que ver qué pasa al final, si la baja en el costo de importación llega completa al precio de venta. Habrá que observar cuánto recibe el agricultor y cuánto paga el consumidor. Sería preocupante que el campo perdiera ingresos sin que las familias sintieran un alivio equivalente.
Los productores, además, tienen que decidir cuánto sembrar y cuánto invertir. Si temen no recuperar lo invertido, pueden sembrar menos, posponer mejoras o endeudarse más.
El golpe a las comunidades arroceras será fuerte y alcanzará a jornaleros, transportistas, talleres, comercios y proveedores. Menos producción puede apagar la actividad económica de territorios que viven en buena medida de cada cosecha.
Los arroceros no deberían cargar solos con las consecuencias de unos compromisos cuya preparación le correspondía al Estado y a toda la cadena productiva. El plazo se venció y las desventajas siguen ahí. Toca explicar cuánto se hizo para reducirlas y actuar sobre lo que falta, antes de que más productores tengan que dejar de sembrar.
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