La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó una investigación de oficio y suspendió de manera cautelar la licitación pública nacional realizada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para la adquisición de autobuses urbanos, tras identificar de forma preliminar varias debilidades sustanciales y posibles irregularidades en el proceso.
La medida afecta el procedimiento OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, cuya adjudicación había sido otorgada a la empresa CK Trans-Motors, S.R.L., mediante un acta de fecha 16 de octubre de 2026. Como consecuencia de la suspensión, las partes no podrán suscribir ni ejecutar contratos hasta que la DGCP concluya la investigación y emita sus resultados definitivos.
Entre estos figuran cuestionamientos relacionados con los términos y condiciones establecidos para el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicable a la importación de los bienes contemplados en el pliego de condiciones, así como una presunta evaluación irregular de las ofertas económicas.
La DGCP también señala debilidades en los estudios previos que sustentaron el procedimiento de contratación y falta de publicidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) de documentos correspondientes al expediente administrativo.
Ante estos hallazgos, el órgano rector solicitó a la OMSA presentar, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, un informe justificativo sobre la legalidad de las actuaciones desarrolladas en cada etapa de la contratación.
Contrataciones Públicas explicó que verificará si durante el procedimiento se cumplieron las disposiciones establecidas en la Ley 47-25, su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26, y las políticas emitidas por la institución. La investigación también determinará el posible impacto de las irregularidades identificadas preliminarmente y de cualquier otro hallazgo que pueda surgir durante el análisis.
La institución advirtió que, si vence el plazo concedido sin que la OMSA presente su escrito de defensa, podrá emitir un acto administrativo basado en los hallazgos preliminares obtenidos durante la investigación.
Como parte de las medidas cautelares, la DGCP solicitó además a la Contraloría General de la República que no registre el contrato correspondiente al procedimiento y que tampoco autorice pagos al proveedor beneficiado con la adjudicación suspendida.
La comunicación, identificada con el número DGCP44-2026-004370, está firmada digitalmente por Carlos Pimentel Florenzán, director general de Contrataciones Públicas.
La investigación deberá establecer finalmente si las actuaciones realizadas durante la licitación para la adquisición de los autobuses se ajustaron a la normativa de contrataciones públicas y determinar las consecuencias administrativas que pudieran derivarse de los hallazgos.
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