SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), reconsiderar y buscar una ubicación distinta a la seleccionada para el levantamiento del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, tras considerar que el lugar seleccionado pondría en peligro la seguridad pública.
“Estamos haciendo un llamado a las autoridades de ese alto tribunal para que reconsidere la decisión y procurar otro lugar para la construcción del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, ya que el mismo cuando sea puesto en funcionamiento provocará un caos por la gran cantidad de vehículos que se alojarán allí, debido la estrechez de las calles colindantes lo que será un dolor de cabeza para los munícipes y visitantes que por allí circulen” advirtió el diputado Jiménez.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hizo un llamado al magistrado Mariano Germán Mejía, presidente Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), así como al presidente Danilo Medina, para que este designe una comisión de expertos en Ordenación Territorial y Planificación Urbana a fin de identificar unos terrenos en el municipio Santo Domingo Este, con mejor ubicación para la construcción del edificio que alojará el Palacio de Justicia de esta provincia
“Queremos advertir que de construirlo en los terrenos donde funcionaba la Fábrica Textil de Los Mina, generará un caos en el desenvolvimiento de las actividades cotidianas, y pondría en peligro la seguridad pública. Todos sabemos que cuando empiece a funcionar significará alterar la normalidad de las actividades en su demarcación” explicó el legislador.
Alexis Jiménez advirtió que el terreno donde se pretende construir el edificio que alojará el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, está ubicado en los alrededores de las instalaciones de EdeEste, “en la que funcionan además dos tanques gigantes que almacenan millones de litros de gas natural, el gasoducto de AES Dominicana, la estrecha avenida Sabana Larga, y un considerable número de viviendas, lo cual constituye un peligro para la población y lo que constituye una bomba de tiempo”.
El diputado opositor sostuvo que aunque el Poder Ejecutivo cedió esos terrenos para levantar el edificio destinado a la administración de justicia de toda la provincia de Santo Domingo, en la práctica significará alterar la normalidad de las actividades en esta demarcación, por lo que no considera propicio el lugar para dicha obra.
“En marzo del 2014, el presidente Danilo Medina declaró de utilidad pública esos terrenos, y donó 14,693 metros cuadrados, para la construcción inmediata del Palacio de Justicia de la cual se han dado dos palazos para arrancar con el proyecto y el mismo no ha iniciado. Considero pertinente el momento para que las autoridades reconsideren el lugar y ubicar otro solar para que pueda ser construido el mismo y que no provoque los inconvenientes previstos y se ponga en riesgo la vida de mucha gente” significó Alexis Jiménez.
Refirió que el lugar ideal para la edificación es en el entorno de las avenidas Rafael Fernández Domínguez, antigua autopista de San Isidro, así como la Autovía del Nordeste, en cuyos lugares facilitaría el acceso a los residentes de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Guerra y hasta Boca Chica y La Caleta.
Irregularidades
El diputado Jiménez, denunció además graves irregularidades en las labores que atribuye a los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
Alexis Jiménez acusó a los jueces de ese tribunal de violar “el debido proceso”, así como conculcar derechos fundamentales a varios imputados en el caso en que unos jóvenes fueron acusados por varias empresas telefónicas, de algunos delitos y que luego suscribieron un acuerdo en diciembre del año pasado para desistir del caso y aún continúan guardando prisión, por no estos no haber leído aún la sentencia definitoria y que por tal razón, depositó una comunicación al magistrado Mariano Germán Mejía, presidente Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), para que desarrolle una investigación tanto de este como de otros casos.