SANTO DOMINGO.- Por la falta de pago de empresarios evasores que adeudan al Instituto Dominicano de Seguiros Sociales IDSS esa entidad unos 300 mil millones de pesos en más de 20 años Alrededor de 275 mil solicitudes de pensiones podrían perderse .
En su denuncia, la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social (Asodomus) sostuvo que para que esos 275 mil trabajadores en edad de retiro puedan irse a sus casas con una pensión, es necesario que empresarios cumplan con la ley 18-96 y paguen las cotizaciones correspondientes en el periodo señalado.
Para la Asodumus, resulta un contrasentido que el gobierno pretenda dar una amnistía a empresarios que violan las leyes, se niegan a pagar al IDSS para acumular dinero que no les pertenece e incrementar sus fortunas a costa del sacrificio de millares de trabajadores.
“Esa es la realidad, por eso Asodumus levanta su voz y de alerta para que la sociedad dominicana conozca de esa situación y se sume a nuestro reclamo, el país no puede ser solo para un pequeño grupo que se adueña de sus riquezas, en desmedro de las mayorías”, afirmo la entidad.
Dijo que lo que el gobierno debe hacer cuanto antes, es crear los mecanismos necesarios para obligar a los deudores del IDSS a pagar lo que le deben para así garantizar el pago de las pensiones depositadas y para las cuales no se tienen los recursos .
Por otro lado, Asodomus mostró su preocupación ante la decisión del gobierno de eliminar el IDSS porque a su juicio la propuesta no deja claro el destino de los afiliados a la institución de salud, y en ese sentido abogó por la participación de los trabajadores a través en los organismos de traspasos que se creen para garantizar que ese patrimonio tenga como prioridad garantizar sus derechos.
En ese orden, dijo que antes de cerrar el IDSS, el gobierno tiene que determinar que se hará con el 3% de la mora que en 18 años se han acumulado sobre el monto que adeudan los empresarios y que equivale a 4 mil millones de pesos, el pago de del bono de reconocimiento para las personas que tenían 45 años antes de la entrada en vigencia de la ley de seguridad social y que no se ha efectuado por la falta del estudio actuarial, el pago de pre y post natal que se le adeuda a miles de trabajadoras, en su mayoría del sector de zonas francas, y la desprotección de los trabajadores móviles ocasionales, portuarios, agrícolas y de la construcción.
Criticó el manejo de los fondos de pensiones a través de varias administradoras privadas que entiende hacen grandes negocios con los recursos de los trabajadores mientras a estos no se les ofrece ningún beneficio, por lo que sugirió crear una sola entidad de su tipo bajo la responsabilidad del Estado.
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