Por: Alejandro Santos
“El derecho de propiedad no consiste solo en poseer, sino en no ser despojado.” — Anónimo
Por distintas partes del país se escuchan testimonios de ciudadanos dominicanos y extranjeros que han enfrentado dificultades en procesos vinculados al registro de la propiedad inmobiliaria. En particular, muchas personas relatan experiencias que reflejan deficiencias y vacíos de control dentro del sistema, afectando sus derechos, y generando desconfianza en las decisiones que ahí se toman.
Basta conversar con diferentes personas a la entrada de las oficinas del Registro de Títulos para conocer historias inverosímiles de disputas, confusiones y conflictos legales, algunos derivados de irregularidades en la tramitación, de interpretaciones jurídicas cuestionables o de deficiencias administrativas.
Existen denuncias públicas y casos documentados en los que se mencionan errores en la documentación, pérdida de expedientes o inconsistencias en los registros. Estas situaciones, sean producto de negligencia o falta de control, generan graves perjuicios económicos y emocionales para los ciudadanos que buscan ejercer un derecho legítimo sobre sus bienes.
Muchos de los afectados se encuentran desorientados y sin los recursos suficientes para acceder a una defensa legal adecuada. Algunos logran contratar representación, pero aun así se enfrentan a procesos complejos y prolongados que los dejan en estado de vulnerabilidad.
El derecho de propiedad, reconocido como fundamental en la Constitución dominicana de 2010, debe ir acompañado de una protección efectiva. La confianza ciudadana solo puede sostenerse si las instituciones operan con transparencia, celeridad y rendición de cuentas.
Urge fortalecer la supervisión y el control interno en los organismos responsables del registro inmobiliario. Igualmente, es necesario revisar los mecanismos disciplinarios y sancionatorios para garantizar que cualquier irregularidad sea debidamente investigada y sancionada conforme a la ley.
El Poder Judicial, como órgano de mayor jerarquía dentro del sistema, está llamado a desempeñar un rol más activo en la fiscalización y acompañamiento de los procesos que se desarrollan en el Registro de Títulos, velando por la correcta aplicación de las normas y por la protección efectiva del derecho de propiedad.
Ninguna nación puede alcanzar un desarrollo sostenible sin instituciones confiables, transparentes y respetuosas del marco legal. La defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares esenciales para el progreso y la paz social.
En este sentido, vale recordar una cita del presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, que los dominicanos anhelamos ver cumplida en el Registro de Títulos:
«El ejercicio del Derecho exige, además de competencia técnica, una profunda independencia y transparencia, cuya confianza de la sociedad debe ser resguardada con cada decisión, acto jurídico, palabra y con cada renuncia a lo indebido.»
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