PRM a la defensiva por primera vez en cinco años, pero PLD y FP no fijan posición en temas conflictivos
Hay tres temas de la agenda nacional que están sobre el candelero público, los cuales afectan la imagen del Gobierno. Ellos son la sentencia del Tribunal Constitucional 125-25, el reciente discurso del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde admite el descuido de esa organización política al penetrar individuos vinculados al narcotráfico y, finalmente, el permiso concedido por Luis Abinaderal secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para el uso de los Aeropuertos Internacional Las Américas (José Francisco Peña Gómez) y de San Isidro para supuestamente combatir el narcotráfico en la región.
La sentencia TC-125-25 ha sido un tema controversial, motivo de discusión en la población dominicana, porque esa alta corte anuló los Artículos 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de Fuerzas Armadas), que prohíben las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo pertenecientes a esas instituciones.
Es el único argumento del TC, porque para nada podía apelar al Art. 39 de la ley de leyes en torno al derecho a la igualdad de los dominicanos, donde establece que no se puede discriminar por razones políticas, raciales, religiosas, sociales y de género. El problema está que cuando se habla de género, solo se entiende hombre y mujer. No hay un tercero. El vocablo homosexual no aparece en la carta magna. Y el Art. 55 es muy claro y preciso al decir: La familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer al contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla.
Las sentencias del Tribunal Constitucional en teoría son irrevocables, pero algunas no se han cumplido, sobre todo cuando interfieren con otros poderes del Estado. De forma particular, la 125-25, choca con el Art. 128 de la Constitución, que dice que el presidente de la República “…es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.”
Es evidente que esa sentencia involucra un conflicto legal. Y es lo que lleva al director de la Policía Nacional y al ministro de las Fuerzas Armadas a expresar, en presencia del jefe de Estado, que seguirían aplicando las leyes internas de los organismos armados. Aparte de lo legal, esa sentencia, es un desafío a un aspecto de la cultura dominicana, donde solo se reconoce como normal la relación sexual entre hombre y mujer, única que garantiza reproducción humana.
La relación entre personas del mismo sexo la población, mayoritariamente, la percibe como aberrante y es un factor que favorece a la posible arbitrariedad de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, son muchas las entidades de la sociedad civil y abogados expertos en asuntos constitucionales que se han pronunciado cuestionando la actitud gubernamental, de aprobar un desacato contra el organismo que tiene la supremacía de las leyes y sus miembros son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el precisamente elpresidente de la República.
Se cree que la actitud del Gobierno está motivada en el populismo, en colocarse al lado de la conducta de la mayoría de los dominicanos respecto al rechazo a la sentencia y a favor de los órganos armados, por lo menos sobre ese tema. Y el presidente asume esa posición sin importarle tirarse completamente en contra a la comunidad gay que, diferente a otros países, no está organizada políticamente.
Y Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD prefieren guardar silencio y no fijar posiciónresponsable sobre un caso que piensan no les suma nada y sí podría restarle. De todos modos, hasta el momento, si alguien está a la defensiva en torno a ese asunto es el PRM y el Gobierno.
Los partidos opositores, de los tres capítulos que están sobre el tapete, solo se han pronunciado para responder a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, que en un reciente discurso admitió que a esa organización penetraron individuos vinculados al narcotráfico, muchos de los cuales resultaron electos a puestos legislativos y municipales.
Es una cuestión sobre la que el PRM y el Gobierno guardó silencio por más de cinco años, pero ya no podía postergar la respuesta. Respuesta basada en pretextos infelices, porque los narcotraficantes son conocidos en sus demarcaciones geográficas y de todas maneras les dieron entrada.
No solo les dieron entrada, sino que los postularon como diputados, alcaldes y regidores, pese a que los estatutos internos requieren años determinados de militancia para ser candidatos. Muchos de esos hombres y mujeres del bajo mundoresultaron electos tanto en los comicios del 2020 como en los del 2024, sacrificando en ambos procesos electorales a dirigentes políticos de trayectoria limpia.
Uno de los alegatos de Paliza es que provenían del PLD y la Fuerza del Pueblo, cuyas organizaciones lo han emplazado a que cite los nombres. No han hecho más nada, pese a que el ministro exhortó a los narcotraficantes, que están en la política partidaria, a que se entreguen todos, lo que lleva a colegir que, aparte de los capturados por la justicia dominicana y extranjera, quedan muchosmás, inclusive ocupando puestos legislativos y municipales.
Y no se trata de que los capturados al momento, cerca de la docena, se distribuyen entre los diferentes partidos. No. Todos pertenecen al PRM, por lo que es un caso inexplicable y justifica la andanada de ataques recibidos en medios electrónicos y redes sociales. Quizás al Gobierno y al PRM les hubiera ido mejor con no abordar el caso, porque al presidente de la entidad política nadie le ha creído. Y el Gobierno, después de cinco años, cae a la defensiva por primera vez.
Para colmo al Gobierno se le junta un tercer tema. Ahora se trata del permiso que otorga el presidente de la República al secretario de Guerra(lean eso: “guerra”) de Estados Unidos, Pete Hegseth, para que haga uso de los aeropuertos de San Isidro e Internacional José Francisco Peña Gómez, en un acto de cooperación conjunta contra un supuesto narcotráfico en la región, lo que transgrede el Art. 3 de la Constitución de la República sobre la “inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención.”
Abinader pretende justificar su osadía en un acuerdo establecido en 1995 entre República Dominicana y Estados Unidos para suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Conforme al literal d) del Art. 128, de la Constitución, el presidente está facultado a suscribir convenios internacionales, pero con la aprobación del Congreso Nacional. Naturalmente,el Poder Legislativo, de mayoría perremeísta,aprobaría ese despropósito. Y posiblemente los de oposición no voten o no acudan.
Sin embargo, todo el mundo sabe que no hay tal lucha contra el narcotráfico. La propia Organización de las Naciones Unidas ha sostenido que el Cártel de los Soles es inexistente. Es un simple pretexto. El problema es político entre Estados Unidos y Venezuela, donde países como Argentina, El Salvador y República Dominicana se han colocado a las órdenes de la potencia norteamericana.
El presidente Abinader ha sido tan solidario que inclusive entregó dos aviones del Estado venezolano, que se encontraban en nuestro país recibiendo mantenimiento, a las autoridades estadounidenses. Ahora procede a entregar los aeropuertos, acto que compromete a todos los dominicanos, porque estamos hablando de nuestra soberanía. Y si se produce una intervención militar contra Venezuela, un país hermano, con el mismo idioma, la misma música, los mismos deportes, religión, todo, con el que tenemos deuda histórica de gratitud, esa sería una afrenta y una mancha para toda la vida.
Hay quienes sostienen que esa solidaridad, que raya en el servilismo, no es por las exportaciones, porque los demás países del área venden también sus productos a esa potencia y muestran una actitud de mayor dignidad. El problema radica, aseguran, en el mismo tema que abordó Paliza en su discurso: el narcotráfico.
El narcotráfico es un tema sobre el cual la oposición muestra miedo. No se atreve, no puede, hacer oposición. Y sobre la concesión de los aeropuertos dominicanos a Estados Unidos que nadie espere que el PLD ni la Fuerza del Pueblo se pronuncien, no por el PRM sino por Estados Unidos. Además del Instituto Duartiano, las únicas que han repudiado ese acontecimiento, por el momento, son las organizaciones de izquierda. Para nada la familia Castillo, los Vincho, ni otros tantos que a diario abordan el tema haitiano y se autodenominan nacionalistas se han manifestado en esta oportunidad.
Cargando ...
