En la República Dominicana la teoría de la división de los poderes Barón de Montesquieu no era más que un enunciado, ya que el primer poder del Estado es el Poder Legislativo, pero como vivimos en un país presidencialista, el Poder Ejecutivo de hecho tiene hegemonía.
Sin embargo, con la llegada en agosto de las nuevas autoridades se ha iniciado un nuevo proceso político en la República Dominicana.
Hemos visto con mucho agrado como el Poder Ejecutivo ha permitido que los legisladores hagan su trabajo en la escogencia de las Altas Cortes, en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y de los miembros de la Cámara de Cuentas.
Pero es elogiable también lo ocurrido este jueves en el Senado con la selección del Defensor del Pueblo que recayó en la persona de Pablo Ulloa Castillo.
Todo parece indicar que el país camina rumbo a una verdadera institucionalización, donde a cada poder le toca hacer lo suyo y que no se trata de una repartidera de los cargos como ocurría en el pasado, que cada partido exigía su cuota.
Es muy saludable para la democracia del país y dice mucho que el Congreso siga trillando por ese camino, ya que es muy incómodo para un ciudadano que es convocado a participar para formar parte de determinado órgano del Estado y que previamente se tenga seleccionada la persona que ocuparía dicha posición.
Entendemos y defendemos lo ocurrido en la escogencia de los titulares de la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas y ahora la escogencia del Defensor del pueblo, sus suplentes y sus adjuntos.
Felicitamos el trabajo arduo y transparente que hicieron las comisiones especiales, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República para que hoy el país amaneciera con un Defensor del Pueblo.
Tanto el Defensor del Pueblo como el presidente de la Cámara de Cuentas, son personas que no fueron impuestas por nadie, más que por su capacidad para hacer el trabajo.
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