La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos, no es solo una tragedia individual: es un síntoma alarmante de una sociedad que, en momentos críticos, opta por la violencia en lugar de la ley.
Perseguido por un grupo de motoristas tras un presunto accidente de tránsito, Abreu Quezada terminó siendo apuñalado en las cercanías del Palacio de Justicia de Santiago, un hecho que, por su cercanía simbólica con las instituciones, resulta aún más perturbador.
Nada justifica que una persona sea ajusticiada por una multitud. Aun en el contexto de un accidente que debe ser investigado con rigor la respuesta no puede ser el linchamiento. Cuando la turba decide castigar por mano propia, se rompe el principio básico de convivencia: el monopolio de la justicia recae en el Estado, no en la ira colectiva. Ambos factores son una mezcla peligrosa. Si la ciudadanía siente que la ley no responde, algunos optan por imponer su propia “justicia”, con consecuencias irreparables.
Las autoridades tienen la responsabilidad inmediata de esclarecer los hechos, identificar y someter a la justicia a los responsables de este crimen, y garantizar que no quede impune.
Pero la respuesta no puede quedarse en lo punitivo. Es necesario fortalecer la educación cívica, mejorar la respuesta ante accidentes de tránsito y promover canales efectivos para la resolución pacífica de conflictos.
El periódico https://www.eluniversaldigital.net/https://www.eluniversaldigital.net/ considera que, la muerte de Abreu Quezada debe ser un punto de inflexión. No podemos permitir que la violencia colectiva se convierta en norma ni que el miedo y la frustración desplacen al Estado de derecho. Una sociedad que tolera el linchamiento pierde, poco a poco, su humanidad.












