Los miembros del Poder Legislativo en cualquier parte del mundo, es el sector más vilipendiado por los diferentes sectores de la sociedad, debido al papel que le corresponde juzgar, como es la elaboración de las leyes.
Los senadores y diputados, como encargados de elaborar las leyes, obligatoriamente laceran intereses de un determinado sector de la sociedad.
En el caso específico de la República Dominicana los integrantes del Congreso Nacional deben actuar con mucho cuidado, debido a que su accionar es minuciosamente vigilado por aquellos sectores que muchas veces pudieran no ser beneficiados con la aprobación de determinada ley.
Los senadores y diputados son cuidadosamente vigilados por esos sectores, los cuales aprovechan para arremeter en su contra.
El ejemplo más reciente es el caso del diputado José Miguel Ferreira, quien salió en todos los medios de comunicación que un local suyo había sido allanado y donde encontraron una buena cantidad de medicamentos falsificados.
Aunque él hizo la aclaración de que ese local es ciertamente de su propiedad, pero que lo tiene alquilado desde el año 2017 a un gremio sindical del transporte.
Pero como los que están en las mirillas son los legisladores, los medios de comunicación por alimentar el morbo titularon la información “Allanan propiedad de diputado del PRM y encuentran 10,400 unidades de medicamentos falsificados”.
En el caso del estudio del proyecto de ley de Extinción de Dominio ya la comisión bicameral por las críticas en las redes sociales desistió de hoy jueves viajar hasta la región este a un retiro para su estudio.
De continuar ese derrotero, veremos a los senadores y diputados tomando el transporte público para dirigirse al Congreso Nacional y almorzando en las fondas que funcionan en los alrededores del Centro de los Héroes.
Con esto no decimos que los diferentes poderes del Estado no escuchen a la población, pero no es un secreto para nadie que las redes sociales son manejadas por sectores interesados.
En la República Dominicana todos sabemos quiénes son los manejadores de las redes sociales, que dicho sea de paso tienen sus intereses políticos o económicos.
Por lo tanto, consideramos que ni el presidente de la República ni los diferentes poderes del Estado deben actuar por lo que se publica en las redes sociales.
Cargando ...
