Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 en la República Dominicana se escenificaron disturbios, saqueos al comercio y destrucción a propiedades privadas y públicas. En el fondo, hubo motivos para protestas por las alzas exorbitantes de los productos de la canasta familiar, los cuales se dispararon como consecuencia del acuerdo que suscribió el gobierno de Salvador Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nunca se puede justificar son los hechos vandálicos y mucho menos las manos ocultas políticas que estaban detrás de la poblada.
El país vivía momentos económicos muy difíciles, por la caída de los precios de los tradicionales productos de exportación y el alza de la tarifa petrolera en el mercado exterior, lo que contribuía a agrandar el déficit en la balanza comercial y, en consecuencia, la balanza de pagos. El Gobierno no disponía de recursos siquiera para pagar los intereses de la deuda externa, y ciertos organismos multilaterales se negaban a la renegociación. El único que aceptó fue el Fondo Monetario Internacional y lo hizo imponiendo el grueso de sus condiciones, las cuales resultaron muy desventajosas para el país.
Creo que Jorge Blanco actuó de forma responsable, aunque no se concienció a la opinión pública sobre la situación del país. Además, las protestas pudieron disuadirse sin la necesidad de matar a más de 125 personas, conforme a estadísticas reseñadas por la prensa. Posiblemente las fuerzas militares se excedieron, porque lo que se estila en este tipo de protestas es el uso de camiones cisternas y, en caso necesario, bombas lacrimógenas, las cuales emiten gases químicos e irritan los ojos y afectan la respiración de los revoltosos, para inhabilitarlos momentáneamente.
Jorge Blanco fue un civilista y defensor de los derechos humanos durante su largo ejercicio como abogado. Algunos no descartan que se le haya ocasionado daños morales y políticos con la forma en que las fuerzas militares, cuyo ministro a la sazón era Ramiro Matos González, reprimieron las manifestaciones. Meses después, Ramiro Matos fue reemplazado por Manuel Antonio Cuervo Gómez.
Hay que admitir que había razones para el disgusto en la población, pero lo que más lejos tenía un porcentaje de la gente que participó en las protestas, es que estaba siendo utilizada por manos políticas ocultas. Joaquín Balaguer, Marino Vinicio Castillo y Juan Bosch se venían reuniendo regularmente. Vincho aprobaba el golpe de Estado, Bosch expresaba que había que salir del PRD, mientras Balaguer, siempre frío y calculador, observaba con cautela, considerando que en los dos años siguientes se celebrarían elecciones y en la presidencia de la Junta Central Electoral se había designado a Caonabo Fernández Naranjo, que gozaba del afecto del caudillo reformista. De todos modos, los tres líderes políticos llegaron a celebrar, de forma conjunta, conferencias de prensa.
De manera simultánea, se sostenían reuniones clandestinas de militares retirados y activos, en las que participó un reconocido historiador del Partido de la Liberación Dominicana, siempre a la espera de la línea que bajarían los líderes políticos. Sin embargo, no hubo consenso entre Balaguer, Bosch y Vincho Castillo.
Decidieron consultar a Jacobo Majluta, quien era senador del Distrito Nacional y enemistado con Peña Gómez y Jorge Blanco, pero su respuesta fue que él (Jacobo) estaría dispuesto a encabezar un gobierno provisional hasta la llegada de las elecciones, pautadas para el 16 de mayo de 1986. Siempre fue un político astuto.
La respuesta de Jacobo Majluta fue considerada improcedente (además, no era viable constitucionalmente), porque él ni siquiera era el presidente del Senado en ese momento. En caso de que se optara por la posibilidad de un juicio político contra el presidente de la República, es decir, un golpe de Estado light o suave, Bosch, que no quería saber de Jacobo Majluta, lo calificó de comerciante y se negó a reunirse con él.
El movimiento conspirativo, que fue efímero, empezó a perder fuerza. El Partido Reformista contaba con 11 senadores y 43 diputados, mientras el PLD apenas tenía 7 diputados, sin un solo senador. Vincho Castillo no tenía legisladores, aunque pugnaba por la salida de Jorge Blanco por cualquier vía.
Con el paso de los meses, sin embargo, Jorge Blanco fue sorteando la crisis, al punto que logró bajar la tasa de cambio gradualmente, hasta dejarla en 2.80 al momento de entregar el poder en agosto de 1986, después de celebrarse unas elecciones reñidas, en las que Jacobo Majluta, candidato de un PRD que terminó unificándose, pudo haber ganado si la JCE le hubiera validado 80 mil votos observados, de personas que subrayaron las boletas del PRD y de la Estructura, ambas con candidato común.
Todo este relato viene a colación porque el presente Gobierno sometió un proyecto de ley de Reforma Fiscal y Tributaria. Sin aprobarse todavía, porque apenas se celebran vistas públicas en la Cámara de Diputados para conocer los pareceres de los distintos sectores de la vida nacional, ya hay organizaciones realizando protestas. La gente tiene derecho a la protesta, ante posibles alzas que puedan afectar su poder adquisitivo, pero siempre en el marco de la ley, con un carácter pacífico. Y nunca dejarse usar por posibles manos políticas ocultas que pretendan pescar en río revuelto.
Hay un déficit fiscal que se procura superar para sanear la economía, obtener mayor recaudación y realizar las inversiones que demanda el país para su desarrollo. Satisface que el presidente de la República, Luis Abinader, muestre una actitud flexible y en todo momento hable de consenso, lo que revela que no habría imposiciones, pese a que el PRM cuenta con una mayoría aplastante de legisladores.
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