Por Arismendi Diaz Santana
El sistema público de reparto europeo requiere restablecer la capacidad de ahorro y acumulación, y la correspondencia entre los años de aportes y de retiro y entre el porcentaje de cotización y la tasa de reemplazo
La política de bienestar social europea enfrenta una crisis de sostenibilidad sin precedentes. El Viejo Continente registra una desaceleración económica prolongada, la pérdida de productividad y competitividad, un elevado endeudamiento fiscal y un alto gasto social acelerado por un rápido envejecimiento demográfico.
La recuperación europea es cada vez más incierta: un crecimiento del PIB del 1.1% y del 0.9% de la eurozona con una previsión inflacionaria al 3.1%. La presión fiscal se concentra en el gasto social y en un pago de los intereses de la deuda que ya se acerca al monto del presupuesto educativo.
Según Eurostat, el gasto corriente en salud de la Unión Europea (UE) representó el 10.0% del producto interior bruto (PIB) en 2023 y en pensiones equivalió al 12.3%, totalizando alrededor del 22.3%, con una tendencia al alza debido al aumento de la esperanza de vida.
Estas presiones fiscales y sociales no son exclusivas de Europa. La longevidad, los cambios laborales, los avances tecnológicos y el impacto de la IA son causales universales que se expresan de acuerdo al desarrollo de cada país, impactando tanto en los sistemas de reparto como en los sistemas de capitalización individual. El bienestar social no desaparecerá, pero dependerá de la productividad y tendrá un costo cada vez mayor.
Crece el descontento por el desempleo, el deterioro de los servicios públicos y los ajustes a la protección social. En Francia ha habido protestas masivas por los recortes en educación y la austeridad fiscal, derivando en disturbios, con resonancia en Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, ante el temor de contagio en otros países.
La razón de fondo de las protestas reside en la incertidumbre ante la caída de la productividad, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios incluso en las familias de ingresos medios. Crece el temor de reducción de importantes conquistas sociales y de tener que pagar el costo de los inevitables ajustes fiscales.
En el corto plazo, los gobiernos buscan ajustes para contener las protestas callejeras. Los políticos sometidos al ciclo electoral tratan de evitar el costo político del recorte de las prestaciones, dejando las reformas estructurales a sus sucesore, alimentando un círculo vicioso que encarece el costo social y fiscal de las reformas.
La crisis del viejo continente combina una prolongada recesión económica con un mayor endeudamiento y un aumento sostenido del gasto social
El Estado de bienestar europeo sigue siendo amplio y operativo pero cada vez más cuestionado, alejando la posibilidad de consensos viables y sostenibles. La ultraderecha cuestiona las conquistas sociales y la inmigración, ganando influencia en el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, colocando al Estado de bienestar en un limbo peligroso.
El envidiable bienestar social de la posguerra se sustentó en un crecimiento económico, en una alta productividad y competitividad, en una política fiscal equilibrada y en una población laboral abundante. Pero estas premisas han cambiado y el gran reto es adaptar la política de bienestar a las transformaciones demográficas, a los cambios laborales y a la revolución tecnológica.
El sistema previsional del viejo continente nació con un desequilibrio actuarial que termina erosionando su capacidad de ahorro, capitalización y acumulación, generando un déficit que se acentúa con la existencia de más jubilados por cotizante y cada vez más longevos. Por ejemplo, en 1965 Francia tenía 4.3 cotizantes por pensionado, 1.54 en 1998 y en el 2024 sólo 1.41.
La aceleración del envejecimiento ya compromete casi la cuarta parte del PIB solo en salud y pensiones. Un proceso agravado por la recesión económica y la carencia de un liderazgo con visión de futuro para recuperar el nivel de productividad y competitividad compatible con la política de bienestar social.
La solución de fondo no depende de simples «recortes y ajustes” coyunturales. Además de la recuperación económica, es necesario un pacto social para restablecer la capacidad de ahorro del sistema público de reparto, avanzando hacia una correspondencia entre los años de aportes y los años de retiro, y entre el porcentaje de cotización y la tasa de reemplazo.
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