El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, presentó cuatro pilares centrales de una propuesta de reforma a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con el propósito de fortalecer la atención en salud y las instituciones que regulan el sector, durante el simposio “Reformando la Seguridad Social desde una Visión Legislativa” en el Senado de la República.
Durante su conferencia magistral, titulada “Fortalecimiento de la Regulación en la Seguridad Social de la República Dominicana”, Ceara Hatton destacó que, aunque la Ley 87-01, que rige el sistema, ha permitido avances importantes en las últimas dos décadas, como la universalización del Seguro Familiar de Salud (SFS), el modelo actual presenta limitaciones que deben ser corregidas para lograr una cobertura más justa, inclusiva y sostenible.
“El sistema ha mostrado fortalezas, sí, pero también limitaciones. Y este es el momento para corregirlas, no porque estemos en crisis, sino porque tenemos la oportunidad de hacerlo bien”, afirmó el superintendente.
Señaló que el nuevo contexto legal del país, marcado por la Constitución de 2010 y leyes como la 247-12 y la 107-13, exige cambios estructurales en las atribuciones de las superintendencias, asegurando que estas ya no pueden actuar sin respetar el debido proceso y deben garantizar el derecho a una buena administración.
Además, destacó un escenario social distinto, con una ciudadanía cada vez más empoderada y consciente de sus derechos, que exige mejores servicios de salud, pensiones dignas y mayor transparencia.
Cuatro pilares para una nueva regulación
La propuesta de reforma presentada por Ceara Hatton se articula en torno a cuatro pilares estratégicos: buena gobernanza; anticipación del riesgo y coherencia sistémica, arbitraje accesible y eficiente, regulación con enfoque en derechos y un sistema a la altura de la ciudadanía.
El superintendente planteó una mayor participación de todos los sectores del sistema en la toma de decisiones, mayor transparencia en la información, interoperabilidad de datos y rendición de cuentas a través de auditorías sociales.
También propuso la creación de una entidad que evalúe científicamente las tecnologías sanitarias antes de incluirlas en el catálogo de prestaciones.
“No puede haber regulación eficaz sin gobernanza sólida. Gobernanza no es solo gestión. Necesitamos un sistema en el que todos los actores se sientan representados, escuchados y partícipes de las decisiones, cuando eso ocurre, se construye confianza y la confianza es capital político, institucional y social”, manifestó.
Asimismo, consideró necesario establecer un modelo de supervisión preventiva basado en riesgos, con monitoreo en tiempo real y alertas tempranas. Abogó por regular la integración vertical entre los distintos actores del sistema y por facilitar la inclusión de los trabajadores informales para garantizar la sostenibilidad.
Recomendó la creación de un sistema ágil y justo para resolver los conflictos de los afiliados, otorgando a las superintendencias facultades conciliadoras bajo el marco de la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos.
Finalmente, insistió en que la Seguridad Social debe garantizar derechos fundamentales, y no limitarse a administrar fondos. Para ello, propuso fortalecer la institucionalidad reguladora y alinear las reformas con la justicia social, la evidencia y el bien común.
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