Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades de competencia de América Latina y el Caribe es la informalidad, debido a las dificultades que plantea para la recopilación de datos, la detección de prácticas anticompetitivas, el desarrollo de investigaciones y la implementación de medidas que fortalezcan el funcionamiento de los mercados.
Estas consideraciones fueron expuestas durante el XX Foro Centroamericano de Competencia, que abordó el tema “Informalidad, crecimiento y competencia” en la jornada de cierre de la IV Semana de la Competencia, organizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) en el marco de su presidencia pro tempore de la Red Centroamericana de Autoridades de Competencia (RECAC).
La apertura coincidió con el 182 aniversario de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844. La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, recordó que la Constitución vigente reconoce la libertad de empresa y encomienda al Estado favorecer y proteger la competencia libre y leal, un mandato que, dijo, exige que la libertad de emprender se traduzca en oportunidades reales para las personas.
“Esa es una de las razones por las que hemos querido conversar sobre informalidad, crecimiento y competencia. La informalidad plantea un reto para quienes buscan ampliar su actividad y también para las autoridades que deben comprender cómo funcionan esos mercados”, expresó Vásquez Taveras.
Conferencia magistral
Vásquez Taveras destacó que las autoridades de competencia necesitan información suficiente para valorar esas señales y determinar si corresponde investigar. En esta misma línea, el experto sénior en Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Paulo Burnier, quien dictó la conferencia “Informalidad y competencia: desafíos para la aplicación del derecho de la competencia en América Latina y el Caribe”, sostuvo que este es uno de los principales desafíos.
Burnier refirió que, según un estudio reciente publicado por la OCDE, en algunos países de la región la informalidad supera el 60 % y que el promedio regional se sitúa muy por encima de los Estados de la OCDE, donde se registran niveles en torno al 7 % y el 9 %.
“Estas diferencias ayudan a comprender por qué el tema resulta especialmente importante para muchos países de nuestra región. La razón es sencilla: los niveles de informalidad en nuestra región son considerablemente más elevados que en muchos países miembros de esa organización”, planteó.
El experto refirió que este análisis cita ejemplos concretos de cómo la informalidad ha impedido el avance o ha provocado el cierre de investigaciones por parte de las autoridades de competencia. Entre ellos, citó el caso de República Dominicana, donde ProCompetencia tuvo que cerrar 17 expedientes ante la falta de datos.
Experiencias nacionales frente a la informalidad
El primer panel, “Diagnósticos nacionales e instrumentos frente a la informalidad”, moderado por Javier Bauer (Guatemala), reunió experiencias de cuatro jurisdicciones sobre cómo analizar, investigar y sancionar en mercados donde una parte relevante de la actividad económica no queda registrada.
Marco Vinicio Arroyo Flores, de Costa Rica, expuso cómo la competencia informal se incorpora en el análisis de concentraciones y, en particular, en la definición del mercado relevante, a partir de la experiencia de la autoridad costarricense. Ismael Reyes Ramírez, de México, abordó la sanción de conductas anticompetitivas en mercados informales, con énfasis en la determinación de multas y el uso de información económica alternativa cuando no existen registros convencionales.
Gerardo Henríquez, de El Salvador, presentó el aporte de los estudios de mercado para identificar las barreras al financiamiento que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, mientras que Pablo Schiavi, de Uruguay, se refirió a la relación entre la regulación administrativa y la formalización empresarial, y a cómo reducir las barreras de entrada para promover mercados más competitivos.
Colusión en las contrataciones públicas
El segundo panel, “De la prevención a la persecución: nuevas estrategias para combatir la colusión en las contrataciones públicas”, fue moderado por Suyen Muñoz, comisionada vicepresidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) de Honduras.
Vásquez Taveras presentó la experiencia dominicana en materia de prevención y abogacía. Recordó que las compras públicas representan alrededor del 33 % del Presupuesto Nacional y advirtió que “cada centavo desviado debido a una conducta colusoria es un centavo que deja de llegar a la salud, la educación o la alimentación escolar de cientos de niñas y niños”.
La presidenta de ProCompetencia explicó el funcionamiento de dos herramientas complementarias: “Analiza tu Pliego”, instrumento de autoevaluación que permite a las entidades contratantes revisar sus pliegos de condiciones antes de la convocatoria para detectar requisitos desproporcionados, criterios ambiguos o condiciones que favorezcan a determinados proveedores; y el “Semáforo Colusorio”, que compila 49 señales de alerta para identificar, durante la evaluación de las ofertas, patrones que puedan revelar acuerdos entre oferentes. Ambas herramientas recibieron en mayo de 2026 el reconocimiento del Banco Mundial y de la International Competition Network (ICN).
Asimismo, destacó la alianza con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que ha permitido capacitar a más de 900 servidores públicos de 197 instituciones, y subrayó que la prevención “es el camino más eficiente para proteger los recursos públicos y la confianza ciudadana”, aun con recursos institucionales limitados.
Diego Morales, de Panamá, compartió las experiencias de la autoridad panameña en la detección de acuerdos colusorios en las contrataciones públicas, desde la identificación de señales de alerta hasta la apertura de investigaciones. Por su parte, Antonella Salgueiro, de Paraguay, abordó los programas de clemencia, los incentivos a la colaboración y las herramientas para una persecución efectiva de los carteles en las compras públicas.
Presentación del anuario
En este escenario, Vásquez Taveras presentó la primera edición del Anuario Centroamericano de Competencia, una iniciativa impulsada durante su presidencia pro tempore de la RECAC. La publicación ofrece una visión comparada de los marcos normativos, las estructuras institucionales y los principales desafíos de la política de competencia en los países miembros de la red.
Esta publicación constituye el punto de partida de una iniciativa que busca documentar las experiencias de los países participantes y fortalecer la cooperación entre sus autoridades, además de servir como material de consulta para académicos, abogados, economistas, empresarios, estudiantes y demás interesados en el funcionamiento de los mercados.
“Esta publicación responde a una convicción: para fortalecer la competencia en nuestra región necesitamos conocer mejor nuestras propias instituciones y aprender de las experiencias de quienes comparten responsabilidades semejantes”, destacó la presidenta de ProCompetencia.
Declaración de Santo Domingo
El Foro concluyó con la lectura de la Declaración de Santo Domingo, a cargo de José Beltré, de ProCompetencia, y su firma por las autoridades de los países presentes. El documento expresa la voluntad de dar continuidad a la cooperación entre las autoridades de la RECAC más allá del encuentro y de trabajar de manera conjunta sobre los problemas de competencia que comparten los mercados de la región.
“Una dificultad para obtener información, un requisito que limita la participación o una señal que varias autoridades han observado pueden ser el punto de partida de un trabajo compartido”, afirmó Vásquez Taveras al invitar a las delegaciones a mantener ese intercambio.
En el XX Foro Centroamericano de Competencia participaron expertos y representantes de organismos de competencia de Guatemala, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, Uruguay, Panamá, Paraguay y República Dominicana, además de la OCDE.
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