Mediante un despacho periodístico, los juristas sostuvieron que las irregularidades abarcan desde fallas en auditorías oficiales hasta contradicciones entre las propias pruebas presentadas por el órgano acusador.
En primer lugar, señalaron inconsistencias en la auditoría del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en relación con las nóminas. Explicaron que, aunque la acusación sostiene la existencia de un mecanismo de sustracción de fondos mediante “empleados fantasmas”, la supervisora de auditoría de la Cámara de Cuentas admitió en audiencia que dichas personas no figuraban en los registros oficiales de personal, sino únicamente en un listado proporcionado por el Ministerio Público cuyas personas declararon bajo juramento nunca haber recibidos fondos del CUSEP. Estas declaraciones constan en el acta de la audiencia pública del 3 de septiembre de 2024.
En segundo término, la defensa cuestionó las auditorías realizadas al propio Cáceres Silvestre. Indicaron que la auditora Alexandra Chevalier Pérez reconoció no haber tomado en cuenta múltiples fuentes de ingresos del imputado, incluyendo durante todo el período de su gestión: más de RD$8.2M en viáticos por viajes al extranjero, RD$4.5M de salario por rango en el Ejército, RD$2.5M por nómina de la Presidencia, RD$7.9M por Especialismo, RD$24.7M por el cargo como Jefe del Cusep, RD$7.4M por salario de su esposa, RD$3.7M por intereses financieros, RD$1.2M por viáticos de viajes internos y RD$2.3M por concepto de alquileres. Asimismo, admitió que nunca solicitó información a ninguna institución, ni al propio Cáceres sobre dichos ingresos. Estas declaraciones figuran en el acta de audiencia del 22 de abril de 2025. Las comprobaciones financieras de ingresos de Cáceres figuran en documentos oficiales y en un peritaje ordenado por el tribunal que establece unos ingresos totales de RD$64M, sin contar los generados por financiamientos para la adquisición de propiedades.
De igual forma, destacaron que pruebas aportadas por el propio Ministerio Público reflejan que los ingresos percibidos por Cáceres corresponden en un 98% a pagos de nómina, certificados de depósito e intereses, según el dictamen pericial AF-002-2022 del INACIF.
En esta misma línea, la defensa denunció que el Ministerio Público, luego de ignorar la mayoría de los ingresos referidos, hizo tasar las propiedades del señor Cáceres tomando como referencia el precio de mercado a la fecha de la acusación (2022), en lugar de determinar su costo al momento de ser adquiridos.
En cuanto al supuesto ocultamiento de bienes, los abogados calificaron la imputación como contradictoria. Aseguraron que tanto la vivienda familiar como una casa en construcción constan en las declaraciones juradas de Cáceres, documentos que incluso fueron incorporados como pruebas por el propio Ministerio Público.
Otra de las inconsistencias señaladas se refiere al manejo del almacén del CUSEP. La defensa argumentó que la auditoría omitió considerar registros logísticos clave, como los formularios de control de inventario (Tarjetas de Almacén), que documentaban entradas y salidas de mercancías, y fueron debidamente incorporadas al juicio a través de la defensa. Además, presentaron testimonios que confirman la existencia de controles físicos y revisiones periódicas que imposibilitan la ocurrencia de los hechos narrados por el Ministerio Público.
Asimismo, cuestionaron el supuesto ocultamiento de la participación de Cáceres en la empresa CSNA Universo Empresarial. Según indicaron, el Ministerio Público obvió las certificaciones oficiales suministradas por el Registro Mercantil, para plantear una participación inexistente. Dichas certificaciones fueron incluidas en informes preparados por el propio Ministerio Público, a través de su Unidad de Investigación Criminal.
Por otro lado, sobre la supuesta propiedad de Cáceres respecto del local donde opera la Iglesia Bautista Vida Eterna, la defensa plantea que durante el juicio se incorporó el Certificado de Título de dicho inmueble, cuya descripción le atribuye la titularidad a dicha entidad. Asimismo, declaran que los testigos propuestos por el propio Ministerio Público, aseguraron que Cáceres nunca se comportó como el propietario del referido inmueble. Relataron que su participación se limitó, exclusivamente, a la gestión del préstamo para la compra del local, que luego fue pagado por la propia iglesia.
Sobre las distintas fincas que el relato de la acusación adjudica al señor Cáceres, la defensa expone que dicha imputación se sostuvo sobre certificaciones del Consejo Estatal del Azúcar, cuyos contenidos dan fe de que el señor Cáceres nunca ha realizado ninguna operación con dicha entidad, ni de manera personal, ni a través de terceros.
Contrasta la afirmación de irregularidades en el manejo de los fondos de inteligencia del Cusep, con las certificaciones oficiales emitidas por la propia entidad, por la Dirección General de Presupuesto y por la Contraloría General de la República, que constan en el expediente, y que establecen la imposibilidad legal de suministrar registros sobre este particular, y el tratamiento especial del uso y destino de dichos fondos, por su naturaleza de seguridad nacional. No obstante, lo anterior, el Ministerio Público sostuvo su acusación sobre este asunto, a sabiendas de su evidente y comunicada improcedencia.
“Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal”, concluyó la defensa.
El proceso judicial contra Cáceres Silvestre continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en medio de un debate marcado por cuestionamientos a la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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