La República Dominicana continúa afianzando su posición como un hub logístico e industrial de referencia en la región. En este contexto, la confluencia entre la fiscalización aduanera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y la implementación en República Dominicana del Decreto 502-26 reafirma el compromiso del país con la trazabilidad ética en las cadenas globales de valor. Esta regulación normativa ofrece al sector empresarial una plataforma clara para respaldar sus procesos de adquisición de provisiones, para proteger el valor de sus marcas y garantizar la continuidad de sus operaciones transfronterizas.
Frente a esta coyuntura, María Esteve, socia y managing director de LLYC para República Dominicana, Panamá y Ecuador, explica que el mapa del nearshoring y la relocalización industrial en América Latina atraviesa por una fase de sofisticación en la que el país parte con ventajas cuantitativas y cualitativas. La ejecutiva destaca que “en el comercio global actual existe una responsabilidad compartida, en la cual las empresas compradoras demandan certezas probadas sobre la conducta ética de todos los eslabones productivos intermediarios”. En este entorno, puntualiza que “la solidez de la infraestructura exportadora dominicana y su capacidad para garantizar una trazabilidad transparente consolidan al país como aliado importante para las grandes multinacionales que buscan estabilidad en la cuenca del Caribe”.
Este marco operativo impacta de manera directa a sectores clave de la economía nacional, como las zonas francas de manufactura, el comercio minorista, la distribución de insumos industriales y la agroindustria. El fortalecimiento de estos estándares internacionales y locales permite a las empresas exportadoras e importadoras demostrar documentalmente la solidez de sus insumos y la transparencia de sus cadenas de suministro, asegurando una rápida respuesta técnica ante requerimientos aduaneros y respaldando la reputación comercial de sus inventarios en los mercados de destino.
Es en ese sentido que Iban Campo, director general de LLYC en la República Dominicana, enfatiza que “la prevención corporativa constituye la mayor póliza de seguro para blindar la reputación de las empresas icónicas del país, haciendo de la calidad y la gobernanza su principal credencial de presentación”. El directivo argumenta que “las organizaciones que profundizan en programas de cumplimiento avanzado y certificaciones internacionales de seguridad comercial podrán acceder a canales preferenciales de despacho aduanero y avisos prioritarios, acelerando su dinamismo comercial”. Campo concluye que el desafío actual consiste en consolidar un liderazgo proactivo en gobernanza corporativa, donde la transparencia de la cadena de suministro se traduzca en mayor confianza de los inversionistas, lealtad del consumidor y sostenibilidad de mercado a largo plazo.
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