El secretario de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo afirmó que las autoridades conocían con anticipación los riesgos derivados de El Niño y cuestionó que esa advertencia no se tradujera, a su juicio, en una planificación suficiente. También abordó durante la entrevista otros problemas que afectan a Santiago y cuestionó las prioridades de la gestión gubernamental.
El ingeniero Hamlet Otáñez, secretario de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo, cuestionó la falta de previsión y planificación gubernamental frente a los efectos que comienza a producir la disminución de las lluvias sobre el abastecimiento de agua potable, al sostener que las autoridades conocían desde meses atrás la amenaza representada por el fenómeno de El Niño.
El dirigente sostuvo que el Gobierno no puede presentar ahora la reducción de las lluvias como una circunstancia inesperada, debido a que los organismos especializados habían advertido con suficiente anticipación sobre la evolución del fenómeno climático y sus posibles repercusiones sobre las fuentes de abastecimiento.
Desde su responsabilidad al frente de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo, Otáñez afirmó que frente a una amenaza conocida correspondía prever reservas, establecer planes de contingencia, acelerar las inversiones necesarias y preparar las instituciones responsables del suministro de agua, en lugar de reaccionar cuando los efectos de la sequía comenzaran a sentirse en la población.
Su planteamiento encuentra un antecedente relevante en las propias advertencias del Instituto Dominicano de Meteorología, que informó desde el 25 de mayo de 2026 sobre una elevada probabilidad de desarrollo de El Niño y alertó que podía producirse una disminución gradual de las precipitaciones durante el segundo semestre del año.
Indomet recomendó entonces fortalecer preventivamente las estrategias de gestión y uso racional del agua y activar planes de contingencia en los sectores agrícola, energético y de abastecimiento de agua potable.
Para Otáñez, ese margen de tiempo debió ser aprovechado por las autoridades para preparar una respuesta antes de que disminuyeran los caudales y aumentaran las dificultades para garantizar un suministro regular a la población.
El dirigente cuestionó también la planificación presupuestaria correspondiente a 2026 y señaló que la dimensión del escenario hídrico previsto no encontró, a su juicio, una respuesta acorde con la gravedad de la situación que podía producirse.
Otáñez planteó que gobernar implica anticiparse a los problemas previsibles y no limitarse a administrar sus consecuencias cuando estos ya afectan directamente a las comunidades.
En su condición de titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, sostuvo que la situación actual vuelve a colocar sobre la mesa problemas que esa dependencia de la Fuerza del Pueblo ha venido señalando en el sector: falta de planificación de largo plazo, retrasos en proyectos, deficiencias de mantenimiento y dificultades para garantizar continuidad suficiente del servicio.
Otáñez afirmó que una política pública de agua no puede limitarse a anunciar infraestructuras, sino que requiere garantizar mantenimiento, capacidad operativa, protección de las fuentes, ejecución efectiva de los recursos y previsión frente a los ciclos climáticos.
Durante la entrevista relacionó además la problemática del agua con una crítica más amplia a las prioridades de la gestión gubernamental y a la situación de Santiago.
Como presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que las dificultades que padecen numerosas comunidades de Santiago contrastan con la visión que presentan las autoridades sobre la situación de la ciudad.
Indicó que los recorridos, encuentros y asambleas comunitarias realizados por la organización han permitido recoger reclamos relacionados con agua potable, calles, drenaje, iluminación, movilidad, infraestructura y otros servicios básicos.
Otáñez sostuvo que la gestión pública debe evaluarse principalmente por la respuesta que reciben los ciudadanos frente a sus necesidades cotidianas y no exclusivamente por los anuncios realizados desde las instituciones.
Desde su responsabilidad como presidente municipal, señaló que esos reclamos serán mantenidos dentro de la agenda de seguimiento de la Fuerza del Pueblo en Santiago, al entender que representan problemas concretos que afectan directamente la calidad de vida de los residentes.
En su condición de miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Otáñez situó además esos cuestionamientos dentro de una discusión más amplia sobre las prioridades nacionales y la capacidad del Estado para planificar inversiones y responder oportunamente a problemas previsibles.
Consideró particularmente delicado que las deficiencias de planificación se produzcan en materia de agua potable, debido a que se trata de un servicio esencial y de un sector donde las decisiones adoptadas hoy pueden condicionar durante años la seguridad hídrica de las ciudades.
Otáñez advirtió que los fenómenos climáticos pueden disminuir las lluvias y reducir temporalmente la disponibilidad del recurso, pero insistió en que corresponde al Estado disminuir la vulnerabilidad mediante planificación, inversión, mantenimiento, protección de las fuentes y sistemas de contingencia.
A esas responsabilidades políticas y partidarias se suma su experiencia técnica e institucional en el sector.
Otáñez fue director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), condición desde la cual acumuló experiencia directa en la administración del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento de Santiago.
Esa trayectoria, junto a su actual responsabilidad como secretario de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo, constituye el marco desde el cual formuló sus cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades frente al escenario climático.
Para Otáñez, por tanto, la discusión sobre la escasez no debe agotarse en explicar que está lloviendo menos.
Su planteamiento coloca el foco sobre lo ocurrido antes de que aparecieran las dificultades: qué conocían las autoridades sobre El Niño, desde cuándo disponían de esa información y qué medidas adoptaron para evitar que una amenaza previamente advertida terminara repercutiendo sobre el abastecimiento de agua de la población.
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