Durante estas elecciones a celebrarse el próximo 3 de noviembre, los votantes en esta ciudad deberán decidir sobre cinco propuestas clave para definir si la urbe mantiene sus procedimientos actuales o adopta nuevas reglas.
La primera: Agilizar el proceso de otorgamiento de un consentimiento revocable para el uso del espacio público, que modificaría la forma en que NYC autoriza el uso de aceras y calles públicas para estructuras al aire libre, como rampas de accesibilidad, bancos, postes eléctricos, marquesinas de autobuses y cafeterías al aire libre.
Un voto a favor («sí») agiliza el proceso de uso del espacio público manteniendo la participación de la comunidad. Un voto en contra («no») mantiene un proceso más largo que incluye una audiencia pública obligatoria para el uso del espacio público y la revisión del Concejo para las cafeterías en las aceras.
La segunda: Reducir el papeleo para los contratistas; exigir reuniones periódicas de la Junta de Políticas de Adquisiciones. modificaría el proceso de contratación de la ciudad, el cual regula cómo ésta contrata a empresas y organizaciones sin fines de lucro para la provisión de bienes y servicios.
Asimismo, exigiría la celebración de reuniones periódicas de la Junta de Políticas de Adquisiciones (PPB), organismo encargado de establecer las normas de contratación de la Ciudad.
Un voto a favor («sí») modifica las facultades de la PPB, incluida la simplificación del cuestionario para contratistas. Autoriza al alcalde a delegar la aprobación de determinados contratos.
Un voto en contra («no») mantiene la ley vigente, conservando el cuestionario más extenso bajo la responsabilidad del alcalde y el contralor.
El calendario de reuniones de la PPB entraría en vigor el 1 de enero de 2027.La tercera: Acelerar los proyectos de seguridad vial, la enajenación de propiedades municipales en desuso y el arrendamiento de oficinas.
Esta propuesta modificaría los procesos de aprobación de la ciudad en proyectos de transporte de gran envergadura (como carriles para bicicletas y rediseños de vías), la venta o el arrendamiento de determinadas propiedades municipales, y la adquisición de espacios de oficina por parte de la ciudad para sus empleados.
Un voto a favor («sí») simplifica la aprobación de proyectos viales, la disposición de propiedades municipales y el arrendamiento de oficinas.
Un voto en contra («no») mantiene los procesos de consulta interna entre organismos para proyectos viales, la aprobación del Concejo para la disposición de bienes municipales y la intervención del Concejo en el arrendamiento de oficinas. Entraría en vigor el 31 de diciembre de 2030.
La cuarta: Simplificar los permisos de construcción y trasladar los permisos de zonas ribereñas al Departamento de Edificios. Modificaría la forma en que NYC gestiona los permisos y las aprobaciones de construcción y edificación.
Autorizaría a funcionarios adicionales de la agencia a aprobar proyectos de construcción, crearía un sistema centralizado de permisos de construcción y transferiría la gestión de permisos de construcción en zonas costeras al Departamento de Edificios (DOB).
Un voto a favor («sí») simplifica el proceso de permisos al autorizar un centro centralizado de gestión de permisos, transferir la gestión de permisos para zonas costeras al Departamento de Edificios y permitir que funcionarios adicionales de dicho departamento emitan aprobaciones.
Un voto en contra («no») mantiene la ley sin cambios. Entraría en vigor el 31 de diciembre de 2030.
La quinta: Establecer objetivos de contribución al fondo de reserva para contingencias a fin de promover reservas presupuestarias suficientes:
Esta propuesta establecería metas de ahorro para el Fondo de Contingencia de la ciudad y exigiría al ayuntamiento a publicar un plan sobre cómo se destinan recursos a dicho fondo.
Un voto a favor («sí») obliga al alcalde a desarrollar una metodología para calcular los depósitos en el fondo de contingencia, quedando dichos depósitos sujetos a aprobación dentro del presupuesto de la Ciudad.
Un voto en contra («no») mantiene las leyes vigentes sin cambios y sin establecer una meta de reservas. Estos cambios entrarían en vigor inmediatamente tras la certificación de la aprobación de los votantes.
En conjunto, las cinco propuestas plantean cambios sobre cómo la ciudad aprueba obras, administra bienes, contrata servicios, concede permisos y planifica reservas financieras.
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