Por: Alejandro Santos
Haití pasa por una tensión permanente provocada por las bandas armadas, que contribuyen a perpetuar un clima de inseguridad, inestabilidad y violencia que hace insoportable la vida de su población.
Por ser nuestro país vecino, lo que sucede allá tiene que generar preocupación y atención en nuestro país.
La ausencia de una autoridad capaz de imponer el orden ha hecho posible la formación y expansión de grupos armados que imponen su voluntad en distintas zonas del territorio de nuestros vecinos. La población haitiana padece la angustia y la zozobra permanente que estos generan.
Recientemente, cuatro militares salvadoreños, técnicos de aviación, fueron reportados como desaparecidos después de una emboscada en Haití. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación para rescatarlos y el envío de refuerzos militares. Este acontecimiento ha aumentado la tensión y ha provocado una intensificación de la búsqueda y de las operaciones contra las bandas. El caso sigue rodeado de incertidumbre.
Ante esta nueva situación, el Gobierno dominicano ha expresado su apoyo al Gobierno de El Salvador mediante cooperación logística y de inteligencia.
Vemos el riesgo de que la República Dominicana se vea arrastrada al conflicto y que este desemboque en enfrentamientos armado
El Gobierno de Abinader ha anunciado el reforzamiento de la frontera con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, que se suman a los aproximadamente once mil efectivos destinados a la seguridad fronteriza. También se ha declarado en sesión permanente para dar seguimiento a los acontecimientos.
Al mismo tiempo, el presidente ha descartado una intervención militar dominicana en Haití. Esa posición debe mantenerse con claridad.
Por la frontera que compartimos y las consecuencias que podrían generar las operaciones contra los grupos armados, hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esta situación.
Nuestro país debe evitar caer en el error de involucrarse en un conflicto armado en Haití. Las pérdidas humanas, económicas y sociales serían incalculables.
La frontera dejaría de ser la misma para siempre y las relaciones entre dominicanos y haitianos que viven aquí también se tornarían seriamente afectadas.
Las medidas más importantes son las relacionadas con la prevención de conflictos y las que surjan de un plan de cooperación para fomentar el mejoramiento de la calidad de vida en la frontera.
Lo más valioso en nuestra relación con Haití es la seguridad y la tranquilidad.
Por supuesto, también lo es la expansión de las actividades económicas y comerciales que puedan favorecer a ambas poblaciones.
Pero, obviamente, corresponde a las autoridades tomar las previsiones necesarias.
La República Dominicana no puede esperar a que una amenaza se materialice para organizar la defensa de su territorio. La vigilancia, la inteligencia y la preparación de las Fuerzas Armadas forman parte de responsabilidades que deben cumplirse de manera continua.
La población dominicana necesita comprender el alcance de las decisiones sin que se revelen informaciones operativas que comprometan la seguridad. También debe evitarse que una advertencia preventiva sea interpretada como el anuncio de una confrontación armada.
Recordemos que han sido muchos los intentos por restablecer el orden en Haití. Algunos lograron resultados temporales y parciales, pero no consiguieron una estabilidad duradera.
La intervención encabezada por Estados Unidos en 1994 permitió recuperar el Gobierno constitucional. Años después, la MINUSTAH permaneció entre 2004 y 2017, acompañando esfuerzos de seguridad y procesos políticos. Sin embargo, las sucesivas crisis mostraron que seguía pendiente la consolidación de instituciones capaces de sostener el orden.
Más recientemente, la misión encabezada por Kenia enfrentó limitaciones de financiamiento, personal y capacidad operativa que llevaron a aprobar su transformación en una nueva fuerza. De tal manera que el problema ha requerido mucho más que anuncios de despliegues y compromisos internacionales.
Ante las experiencias citadas, cabe preguntarnos: ¿qué podría resolver un enfrentamiento armado que involucre directamente a la República Dominicana?
También debemos considerar que una intensificación de la violencia podría provocar nuevos desplazamientos hacia nuestra frontera. Las familias que abandonen sus comunidades para proteger sus vidas aumentarían la presión sobre una zona que ya requiere atención permanente.
A ello se sumarían los efectos sobre el comercio, el transporte y las actividades productivas. Los habitantes de las comunidades fronterizas serían los primeros en sufrir las interrupciones, mientras el resto del país tendría que asumir los costos económicos y humanos de una eventual confrontación.
Por eso, las medidas de seguridad deben acompañarse de una diplomacia activa y de una persecución efectiva del tráfico de armas y de las complicidades que facilitan las operaciones criminales.
La cantidad de soldados y equipos resulta importante, pero también lo es la capacidad del Estado para impedir que sus propios controles sean burlados.
La comunidad internacional tiene que sostener sus compromisos con Haití. Al mismo tiempo, las autoridades y los sectores políticos haitianos deben asumir la responsabilidad de construir acuerdos que permitan recuperar sus instituciones. Ninguna fuerza extranjera puede sustituir indefinidamente esa tarea.
A la República Dominicana le corresponde proteger su territorio, preparar sus capacidades de respuesta y evitar que la crisis vecina comprometa su estabilidad. Las medidas anunciadas deben servir a ese propósito.
Defender nuestra soberanía exige firmeza para enfrentar las amenazas y prudencia para decidir hasta dónde actuar. Un enfrentamiento armado podría ampliar los problemas que hoy nos preocupan, sin ofrecer una solución duradera para Haití ni mayor seguridad para los dominicanos.
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